Luchamos 10 Años por su Aprehensión: Mariana Ávila
Por Benny Díaz
Irma Elia Reyes de Luna | Rodolfo Saab Chapa
“Con el Poder Judicial, en este momento, tenemos una relación delicada porque estuvimos casi 10 años luchando por la aprehensión de un agresor sexual (Rodolfo Saab) quien tiene amplias redes de poder en México y en otras partes del continente porque fue comandante de la policía federal en la región del Bajío y director de un Cereso, para nosotras representó uno de los procesos de más alto riesgo por lo que él representaba y el círculo en el que está involucrado”, declaró Mariana Ávila Montejano, directora del Observatorio de Violencia Social y de Género.
Luego de esa lucha y de no bajar la guardia por más de una década se logró la detención “que fue importante porque durante toda la gestión de Jesús Figueroa Ortega como fiscal no se avanzó en que se emitiera la orden de aprehensión, con la llegada del nuevo fiscal le dijimos que se necesitaba que se trabajara en ese y otros casos, en una semana se emitió dicho documento por lo que descubrimos lo grave que fue antes porque sí lo tenía ubicado pero no había la voluntad de pedir la ayuda del homólogo de la fiscalía del estado donde estaba.
“Se logra la detención por un delito grave como es violación en contra de una menor, pero también por atentados al pudor y justo cuando ya estaba detenido la juez (Irma Elia Reyes de Luna) lo deja en libertad alegando que se comprobaba el arraigo en México porque tiene una casa y una empresa, algo que es totalmente irregular y absurdo.
“Ahora estamos peleando para que lo vuelvan a aprehender, pero no sabemos dónde está y tampoco qué está pasando con el Poder Judicial y el acceso a la justicia en el país, en ese caso son dos delitos por los que debe ser juzgado y sentenciado, estamos en una crisis grave porque otra vez está prófugo un perpetrador que puede violentar sexualmente a niñas y adolescentes”.
Por eso la activista mencionó que siempre hay que cuestionar a las autoridades, desde los diputados, que son quienes hacen las leyes, hasta el fiscal y cualquier otra autoridad que están obligados a dar respuestas sobre el tema de la partición de sus elementos en los diferentes encargos que tengan, sobre todo en el caso de la policía porque siempre se dan versiones diferentes sobre casos.
“Nosotros lo dijimos en su momento: en comunidades de Aguascalientes hay jóvenes que están siendo reclutados, es algo muy delicado y también es un estado que está en los primeros lugares que tiene carpetas abiertas sobre tortura”, mismas que siguen “empantanadas” y no se les da seguimiento y el acceso a la justicia para las víctimas nomás no llega.
