Se Simula Justicia y se Mantiene la Impunidad, Acusa
Por Benny Díaz
Mariana Ávila Montejano, directora del OVSG
Sandra Samantha Ruiz Esparza Durón y Juan Carlos Barnola Ochoa siguen siendo protegidos por las autoridades de Aguascalientes, ante las acusaciones realizadas contra ellos por el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), quien acusó que “Sólo se hizo una simulación y siguen en la impunidad”.
El OVSG fue quien denunció públicamente los casos de extorsión por 50 mil pesos por parte de la entonces directora del Cereso Femenil, dinero fue exigido a una persona privada de su libertad, a quien se le prometió que, a cambio, sería trasladada al penal de San Luis Potosí.
Sin embargo, al llegar allá, fue regresada porque el trámite no se había realizado. En el caso del coordinador médico, se le señala por omisión y malas praxis. Ante dichos señalamientos, Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública Estatal, declaró que ambos funcionarios habían sido “separados de sus funciones”, mientras que el secretario general de Gobierno, José Antonio Arámbula López, afirmó que las investigaciones se llevarían hasta las últimas consecuencias y que, si había un delito que perseguir, deberían pagar conforme a la ley.
Pero ni una cosa ni la otra. Todo indica que el “padrino” que presume tener Barnola Ochoa es tan poderoso que lo único que hicieron fue cambiarlos de oficina. Ambos siguen trabajando en los Ceresos y, en el caso de Sandra Samantha, incluso continúa utilizando el automóvil oficial que tenía cuando se desempeñaba como directora del Cereso Femenil.
“El lunes se presentó a trabajar como si nada pasara, pero al área jurídica del Cereso Aguascalientes, y llegó en el automóvil oficial que utilizaba cuando ostentaba el cargo de directora del área femenil”, reveló la OVSG. Mientras que a Juan Carlos Barnola Ochoa lo trasladaron al CEDA (Centro Estatal de Desarrollo del Adolescente), desde donde “está trabajando como si nada”.
Lo único que hicieron fue evitar que se aparezca en el Cereso Femenil. Por todo esto, es evidente que la “separación del cargo” que aseguró Antonio Martínez Romo fue sólo una simulación. Ambos siguen en la impunidad, porque al continuar en funciones, claramente no están sometidos a una investigación.
Los delitos de los que las PPL’s los acusan son graves: “extorsión y provocarles abortos no deseados a tres mujeres; aparte, lo de Samanta Fierro y su hija Victoria; el no atender a tiempo a una mujer con infección renal que avanzó al grado de que ahora el daño es irreversible y ya está en etapa de hemodiálisis; y a otra con VIH, a quien le dijo que tenía depresión y le negó los retrovirales que requiere”.
Desde el OVSG se hace público este actuar de las autoridades, que sólo “hacen una simulación y siguen teniendo en la impunidad a estos servidores públicos”.
Las violaciones cometidas contra los derechos humanos son graves. Lo peor es que se presume que en Aguascalientes “quien la hace la paga” y no hay impunidad, cuando en los hechos ocurre todo lo contrario, sin importar pisotear a personas que están en total estado de vulnerabilidad.
