No Basta con Separarlos de sus Cargos, Merecen Acción Penal, Advierte
Por Benny Díaz
Miriam Yaszú Muñoz Márquez
La separación de Samantha Ruiz Esparza Durón y Juan Carlos Barnola Ochoa de sus respectivos cargos responde a denuncias graves que “no pueden quedar impunes”, advirtió en entrevista Miriam Yaszú Muñoz Márquez. Ruiz Esparza, directora del Cereso Femenil, fue acusada de extorsionar con 50 mil pesos a una persona privada de su libertad, bajo la promesa de un traslado a San Luis Potosí que resultó ser un fraude.
Por su parte, Barnola Ochoa, coordinador de salud en los Ceresos de Aguascalientes, enfrenta señalamientos por negligencia médica: tres mujeres perdieron sus embarazos, una interna con VIH fue aislada en condiciones que agravaron su depresión, y otra más no recibió el tratamiento adecuado, lo que la ha llevado a una fase avanzada de hemodiálisis.
La coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado e integrante de la Comisión de Justicia, se pronunció sobre el caso, al señalar que “las personas privadas de su libertad también tienen derechos y son ciudadanos mexicanos que están a cargo del Estado”.
Respecto a Samantha Ruiz Esparza Durón, subrayó que debe darse un seguimiento adecuado y, sobre todo, con el rigor que exige el hecho de que el presunto delito fue cometido en funciones como servidora pública. Por ello, la sanción amerita “una denuncia penal y que se le lleve un proceso en ese ámbito”.
La morenista recalcó que no puede concederse ningún beneficio por el hecho de haber sido funcionaria. Si las investigaciones confirman la veracidad de las acusaciones y existen pruebas suficientes, Samantha deberá responder por ese delito conforme a la ley.
En cuanto a Juan Carlos Barnola Ochoa, advirtió que, independientemente del “padrinazgo” que presume tener, no basta con separarlo del cargo, como solicitaron las personas privadas de la libertad (PPL), mediante la firma de todas aquellas que ya cuentan con sentencia.
“Si hubo abortos por negligencia, ya que las mujeres sí deseaban llevar a término el embarazo, y las otras tuvieron diagnósticos erróneos que agravaron su estado de salud, también debe de enfrentar responsabilidades jurídicas porque no se trata sólo de que sea removido del cargo, si hay delitos que perseguir también debe enfrentar un proceso”.
La diputada reconoció que no ha tenido oportunidad de abordar el tema con el secretario Antonio Martínez Romo, responsable de los Ceresos en Aguascalientes, y del caso del penal femenil, del cual el Observatorio de Violencia Social y de Género ha venido denunciando este tipo de anomalías desde hace tiempo.
