“Toda mi Familia Está en el Registro Nacional de Víctimas”
Por Benny Díaz
Felipe Muñoz Vázquez: crímenes inocultables
El número de víctimas de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez continúa en aumento. No sólo dejó secuelas en quienes fueron torturados y sometidos a desaparición forzada, como Andrea, la niña de 10 años, ya que el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) ha reconocido como víctimas indirectas a todos los miembros de la familia de Maricela Sánchez Muñoz. Este reconocimiento no es simbólico: implica la obligación del Estado de reparar el daño, mientras el principal responsable sigue sin enfrentar proceso judicial.
“Me da mucho gusto que Luisa María Alcalde Luján, la presidenta nacional de Morena, diga que se tenga que investigar a Felipe Muñoz con pruebas, porque es lo que nos sobran y para muestra está el reciente reconocimiento de toda mi familia como víctimas indirectas por todo lo que padecí principalmente, luego mi hija y mi hermano; el daño fue para todos, porque no es fácil lo que se pasa ante una situación como esta”, declaró a esta Casa Editorial Maricela Sánchez Muñoz.
La activista y defensora de derechos humanos subrayó: “Al que llaman un excelente abogado algunos políticos, resulta ser un torturador que tiene víctimas directas e indirectas ya reconocidas, y no por cualquier ente. El RENAVI depende del gobierno federal y es una base institucional administrativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)”.
En este caso específico, se han contabilizado 12 víctimas indirectas, entre ellas la madre y los hermanos de Maricela Sánchez Muñoz, quienes enfrentaron amedrentamientos. A una de ellas le fue despojada su camioneta, y debieron hacerse cargo de la niña, que se encontraba en grave estado físico y emocional tras haber sido separada violentamente de su madre.
En total, son 15 víctimas derivadas de un solo caso. El hermano de Maricela también fue torturado para forzarla a declararse culpable. Las secuelas físicas y psicológicas que le provocaron son irreversibles.
Además de los gastos en abogados para la defensa de Maricela, la familia tuvo que buscarla en diversos lugares, porque fue trasladada directamente de la casa de arraigo a un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) en Tepic, Nayarit, donde continuó siendo torturada durante cuatro años por “recomendación” de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez. Las consecuencias fueron devastadoras: esquizofrenia y otras enfermedades mentales.
“Me golpeaban, me metían al calabozo donde permanecía a oscuras y escuchaba una gota de agua que caía las 24 horas del día, entre otras cosas. Fue tanto que intenté quitarme la vida, y ni eso me dejaban las celadoras, quienes me golpeaban salvajemente”.
En 2013, Muñoz Vázquez ordenó abrir otro proceso en Jalisco por delincuencia organizada, aunque Maricela había sido privada de su libertad desde 2011. Tras el infierno vivido en el Cefereso de Nayarit, fue trasladada al Cefereso 16 CPS de Morelos, y “en el trayecto siguieron las torturas y al principio de mi estancia”.
Al ser absuelta del proceso en Nayarit, y dado que no puede juzgarse dos veces a una persona por el mismo delito, el caso de Jalisco fue sobreseído. Maricela Sánchez recuperó su libertad después de cinco años y ocho meses. Los gastos que su familia realizó en su defensa, en visitas, en el cuidado de su hija y de su hermano Christian, también víctima, generaron afectaciones profundas en todos los ámbitos de la vida familiar.
“Los años que llevamos de lucha no es porque se nos ocurrió, es porque somos víctimas. Y no puede ser que un delincuente ande suelto, diciendo que es inocente y arropado por personajes que tienen poder político. ¿Quieren más pruebas? Las tenemos. A mí y a toda mi familia nos deben reparar el daño por lo que nos provocó Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, quien por eso anda tan ansioso porque le demos ‘vuelta a la página’, pero no”.
Una vez que una persona, víctima directa o indirecta, queda registrada en el RENAVI, la CEAV puede otorgarle diversos apoyos conforme a la Ley General de Víctimas y sus lineamientos.Estos incluyen asesoría jurídica, alojamiento, alimentación, traslados, atención médica y psicológica.
Las medidas de reparación integral buscan restituir lo perdido y se dividen en: Compensación subsidiaria: Pago económico cuando la víctima no ha sido reparada por el responsable, debido a insolvencia, impunidad, ausencia, etcétera.
Compensación por violaciones a derechos humanos: Cuando existe una resolución o recomendación firme que reconoce una violación, la CEAV puede otorgar compensación económica.
Rehabilitación, restitución, satisfacción y garantías de no repetición: Estas medidas incluyen atención médica, mental o social (rehabilitación); restablecimiento de derechos o restitución de bienes (restitución); actos simbólicos como disculpas, conmemoraciones o acceso a la verdad (satisfacción); y acciones que eviten que la violación ocurra nuevamente (garantías de no repetición).
La CEAV actúa conforme al enfoque de derechos humanos, diferencial y especializado, considerando la situación específica de cada víctima. En el caso de la familia Sánchez Muñoz, la reparación integral está en curso. El estrés postraumático severo ha sido certificado por peritos y avalado por los Protocolos de Estambul, aplicados por las comisiones de derechos humanos estatal, nacional y de la ONU-DH.
