Boletín de la FGR
La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Aguascalientes, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Manuel “R”, por el delito contra la salud en la modalidad de posesión de cannabis sativa l.(marihuana) con fines de comercio en la variante de venta.
Los hechos se registraron el 17 de enero de 2024, cuando elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes realizaban labores de vigilancia y observaron que el hoy sentenciado, al notar su presencia, adoptó una actitud inusual y puso en marcha un vehículo de alquiler, mientras utilizaba un teléfono celular.
Por tratarse de infracciones a la Ley de Movilidad del Estado, fue interceptado sobre el fraccionamiento Periodistas, en esta ciudad capital.Durante la inspección al vehículo, al ser trasladado a la pensión municipal, se localizaron en la cajuela dos bolsas de plástico en que contenían marihuana.
Posteriormente, el 19 de enero de 2024, se ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Mujeres Ilustres, en donde fueron aseguradas tres bolsas de plástico transparente, cada una con cuatro bolsas con vegetal verde y seco, al parecer marihuana, resultando un aseguramiento en su conjunto de 21 kilos 993 gramos.
Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público Federal presentó medios de prueba suficientes que permitieron a el juez de enjuiciamiento, dictar sentencia condenatoria en contra del imputado, de seis años tres meses de prisión y una multa de 14 mil 821 pesos 34 centavos.
Con esta resolución, la FGR contribuye directamente a la protección del orden público y la seguridad colectiva, al retirar de circulación sustancias ilícitas que representan un riesgo para la comunidad.
La sentencia obtenida refuerza la seguridad en las colonias de Aguascalientes, al sancionar a quienes atentan contra la tranquilidad pública mediante la distribución de narcóticos.
Este resultado forma parte de los esfuerzos coordinados para mantener entornos más seguros para las familias y, así, resguardar los bienes jurídicos tutelados: la salud de la población y la paz social, esenciales para la convivencia en comunidad.
