Acusan Sabotaje Para Detener Amparo Contra Reformas al POEL
Por Benny Díaz
Alejandro Larios Barrientos y Pavel Castañeda
“Lo que hemos estado viendo sobre los ataques al medio ambiente y zonas protegidas no son hechos ai
slados, hay un patrón: corrupción institucional y uso de recursos legales para favorecer intereses privados sobre los espacios que deben ser protegidos y hablamos de La Pona, Bosque de Cobos, el Cerro del Muerto e incluso la Sierra Fría”, declaró en conferencia de prensa Alejandro Larios Barrientos de la asociación civil Conversa Sur, que forma parte de la Alianza por la Defensa de la Naturaleza Aguascalientes.
Lo acompañó Pavel Castañeda, activista independiente que también se encuentra trabajando para que se realicen acciones destinadas a salvar a Aguascalientes de la invasión del concreto, ya que se pretende arrasar con la naturaleza para edificar viviendas, aun cuando “no tenemos agua, se nos está acabando y cambian los derechos de uso de suelo para poder hacerlo. Es el cártel inmobiliario y están inmiscuidos gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal”.
Ante esta situación, las asociaciones integrantes de la Alianza por la Defensa de la Naturaleza Aguascalientes interpusieron un amparo ante un juzgado federal, con el objetivo de promover el derecho a un medio ambiente sano, al agua y a una ciudad digna.
Argumentan que las reformas al Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) violan los principios constitucionales y ambientales fundamentales, como el de no agresividad y el precautorio.
Las asociaciones comprometidas con la protección del medio ambiente y los derechos humanos que conforman la alianza son: Conversa Sur, Colegio de Ciencias Ambientalistas del Estado de Aguascalientes, Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos y Posgrado y el Observatorio de Violencia Social y de Género.
El amparo señala como responsables al Municipio de Aguascalientes, al presidente municipal Leonardo Montañez Castro y a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, por haber aprobado y aplicado las reformas al POEL.
Casi Tres mil 500 Hectáreas en Peligro
Según expusieron los activistas, se ha producido una reducción en las zonas de conservación y protección, puesto que las reformas han cambiado el estatus de casi tres mil 500 hectáreas, pasando de ser de conservación o protección a ser destinadas al aprovechamiento urbano, industrial, agrícola, ganadero, etcétera.
Asimismo, se ha reducido la distancia mínima entre actividades de aprovechamiento urbanas e industriales (u de otra índole) en áreas naturales protegidas, pasando de 200 a 20 metros, lo que expone ecosistemas sensibles, como los humedales.
También denuncian la autorización para actividades industriales en áreas como el Tanque Las Pedrosas, sin contar con diagnóstico ambiental ni medidas de mitigación, y el impacto resultante en especies en peligro, dado que se afecta gravemente a la rana madriguera, especie microendémica y en riesgo de extinción, al facilitar actividades humanas en su hábitat.
No sólo eso, la participación ciudadana durante el proceso de aprobación fue simbólica y quedó excluida, sin considerar las aportaciones técnicas de la sociedad civil. Aunque en su momento acudieron a autoridades como diputados y regidores, no fueron atendidos, ya que se ofrecieron excusas de que estaban ocupados y que luego les llamarían.
Daños en Ecosistema Clave
Por ello, en este amparo se denuncian impactos ambientales en ecosistemas clave, así como la afectación a la biodiversidad y la pérdida de funciones ecológicas en zonas críticas como El Jagüey y el Tanque Las Pedrosas.
Se arriesgan los recursos hídricos destinados a la recarga de los acuíferos, debido a la sobreexplotación de agua para satisfacer la demanda en la ciudad y a la construcción de fraccionamientos de alta gama al poniente, muy cerca o al pie del Cerro del Muerto.
Esto se agrava, ya que se busca satisfacer la demanda de quienes desean servicios de lujo, como campos de golf y albercas, a costa de que a otros ciudadanos les falte el vital líquido y se continúe perforando pozos a gran profundidad. No sólo eso, sino que otro de los impactos es el cambio climático, la pérdida de sumideros de carbono y el aumento de la vulnerabilidad climática local.
En el amparo se denuncian derechos violados, tales como los derechos humanos reconocidos en la Constitución Mexicana en los artículos 1, 4 y 12, así como tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y principios de sustentabilidad y acceso equitativo a los recursos.
Lo que exigen es revocar las medidas regresivas del POEL, que incluyen la reducción de la distancia mínima de protección en las zonas de conservación; además, solicitan la implementación de medidas preventivas y de mitigación adecuadas para proteger el medio ambiente, garantizar el acceso al agua y la protección de las especies en peligro, así como procesos de consulta pública inclusivos y efectivos.
Este amparo es un llamado a defender el medio ambiente de Aguascalientes frente a intereses privados y a decisiones regresivas que afectan tanto la biodiversidad como el bienestar de la población.
Sabotaje
También denunciaron sabotaje contra la alianza integrada por diversas organizaciones sociales, producto de la intervención de actores externos en el juicio de amparo contra el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), lo que ha provocado la suspensión del procedimiento y retrasos en su resolución.
El POEL es un instrumento clave para ordenar el crecimiento urbano y proteger las zonas ecológicas del municipio; por ello, al dilatar la resolución del amparo contra la reforma, se afecta directamente la calidad del aire, el acceso al agua, la protección de las especies endémicas e incluso la temperatura de las colonias.
Señalaron a Viviana Paola Pérez Preciado, abogada del despacho Corporativo Blumen (con sede en Guadalajara), quien ha promovido nueve recursos jurídicos improcedentes a nombre del biólogo Luis Fernando Gallardo Cabrera, que no forma parte del juicio y carece de legitimidad para intervenir.
Esta situación ha llevado al Juzgado Séptimo de Distrito a detener el avance del juicio para resolver cada recurso, lo cual entorpece el acceso a la justicia y pone en riesgo el derecho humano a un ambiente sano en Aguascalientes.
“Estamos preocupados porque esta práctica, que no tiene justificación legal, coincide con un contexto de fuertes presiones inmobiliarias sobre el territorio”, afirmó Alejandro Larios.
Además, las organizaciones se pronunciaron respecto al caso de La Pona, cuya protección ha sido prometida públicamente por el gobierno estatal. La Alianza expresó su preocupación ante la posibilidad de que dicha promesa quede en letra muerta, mientras se negocia de manera oculta con los actuales propietarios del predio.
“Exigimos máxima transparencia sobre las negociaciones en torno a La Pona, que se dé a conocer públicamente quién negocia, qué se está proponiendo y con qué criterios. La Pona no se vende ni se intercambia a espaldas de la población”, concluyó Pavel Castañeda.
