Debieron ser Enjuiciados y Sentenciados, Pero los Protegieron, Deplora
Por Benny Díaz
Maricela Sánchez Muñoz
“Gobierno del Estado es quien nos debe de reparar el daño, de acuerdo a los cálculos que haga la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), porque en su momento no actuaron contra Felipe de Jesús Muñoz Vázquez y los cómplices que también torturaron. Si lo hubieran hecho, serían ellos quienes deberían pagarnos, pero prerieron protegerlos en la Fiscalía”, declaró a esta Casa Editorial Maricela Sánchez Muñoz.
La activista celebró que la gobernadora Tere Jiménez Esquivel, “haya presentado apertura para este tema y le vamos a tomar la palabra, porque tengo entendido que a la víctima uno de la recomendación (17VH/2019) de la CNDH ya le pagaron, pero desconozco quién es”.
Sánchez Muñoz declaró que este proceso ha sido muy desgastante, porque han pasado, en algunos casos, 15 años desde lo sucedido y no han podido cerrar esa situación tan difícil que les tocó vivir y que les cambió la vida.
“Es lidiar con instituciones que, por ser temas tan sensibles y como fueron servidores públicos quienes nos torturaron, es el estado quien tiene que hacer la reparación del daño y hacerse cargo”.
Si la Fiscalía General del Estado hubiera trabajado como era su obligación, “sin proteger a los torturadores, creo que ya habrían sido enjuiciados y, a lo mejor, hasta sentenciados. Si fuera así, a ellos les tocaría la reparación integral del daño, pero como decidieron protegerlos y optaron por dejar sin cerrar las investigaciones, en mi caso sigue su curso”.
En el estado no los inscribieron como víctimas, como lo señala el informe Hasta Perder el Sentido de la ONU-DH, por lo que acudieron a la CEAV, “que actúa cuando hay falta de voluntad de parte del gobierno, en este caso del estado”.
Maricela Sánchez lleva también una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes por los casos de su hermana y su hija, quienes también fueron torturadas, con la intención de que se emita una recomendación para seguir con el proceso.
Cuando tenga ese documento, acudirá con Manuel Alonso García, quien ha dicho ser de puertas abiertas y que actuará en consecuencia de quienes no trabajen bien en la Fiscalía: “En este caso, las víctimas de tortura tienen demasiadas quejas, no solo contra los ministerios públicos que nos atendieron en su momento, sino también contra quienes estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Tortura”.
Las víctimas indirectas en el caso de Maricela Sánchez son 14, por lo que todos deberán ser indemnizados de acuerdo con lo que calcule la CEAV: “A la ahora gobernadora, siendo presidenta municipal, le tocó pagar los salarios caídos a los expolicías municipales que fuimos víctimas de tortura por Felipe de Jesús Muñoz. Ahora confiamos en que, como mandataria estatal, se haga la reparación del daño”.
