Responsabiliza a Autoridades de Cualquier Tipo de Violencia que Sufran
Por Benny Díaz
Mariana Ávila Montejano
Luego de que presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación salieran a “defenderse” en un video de lo ocurrido en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, responsabilizando a las madres buscadoras de dar a conocer este centro de reclutamiento y exterminio para ganar notoriedad, prácticamente las señalaron de haber realizado un “montaje” de todo ese terror, generó una respuesta de indignación por parte de la sociedad.
No solo fue el CJNG; también el senador Gerardo Fernández Noroña indicó que la investigación estaba en curso y planteó la posibilidad de que los zapatos encontrados no pertenecieran a personas desaparecidas, acusando que “los medios y la derecha están montados en la tragedia”.
Ante esto, varios colectivos en el país han respondido exigiendo respeto hacia el trabajo que realizan las madres buscadoras con sus propios recursos, ante la opacidad y el nulo desempeño de las Fiscalías Especializadas.
En Aguascalientes, el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) también se pronunció al respecto, emitiendo un posicionamiento: “Refrendamos nuestro compromiso con las mujeres buscadoras de todo el país; exigimos condiciones de seguridad para ellas y responsabilizamos a las autoridades de los tres niveles del gobierno de cualquier tipo de violencia y de las que sean víctimas las compañeras del colectivo Guerras Buscadoras de Jalisco”.
Mariana Ávila Montejano, directora del OVSG, destacó que las fosas clandestinas encontradas a lo largo y ancho del país son resultado de la incansable labor de las madres buscadoras, quienes soportan climas extremos y, con sus propias manos o herramientas rudimentarias, buscan en lugares donde podrían estar aquellos que un día salieron de casa y nunca regresaron.
Han sido los colectivos quienes han dado resultados.
Lo más lamentable es que muchas de estas mujeres activistas han sido amenazadas e incluso han perdido la vida en el intento de encontrar a sus familiares o de lograr justicia.
Uno de los ejemplos más claros de la impunidad y complicidad entre autoridades y quienes desaparecen y asesinan personas es el caso de Marisela Escobedo. Ella fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras buscaba justicia para su hija. Hasta el día de hoy, ese crimen no ha sido resuelto, a pesar de que existe un video del hecho. Se presume que el sicario fue el hermano del feminicida de la hija de Marisela.
Este último, a pesar de haber sido detenido y de aceptar su responsabilidad en una audiencia, donde incluso pidió perdón a la madre por haberle quitado la vida a Rubí Frayre, quemar sus restos y abandonarlos en el desierto, fue liberado por autoridades corruptas.
Sergio Rafael Barraza, feminicida de Rubí, se unió al Cártel de los Zetas tras ser liberado. Por ello, se presume que fue quien ordenó el asesinato de Marisela. Tiempo después, Barraza perdió la vida, como suele ocurrir con quienes forman parte del crimen organizado.
Con este ejemplo tan claro, se exige que los colectivos de madres buscadoras sean protegidos y no víctimas de desprestigio y que las autoridades deben garantizar la seguridad de estas personas que realizan el trabajo que ellas mismas deberían llevar a cabo.
