En Algunos los Dueños Venden Sustancias Ilícitas, Denuncia
* Hay más de 300 en el Estado, Pero Sólo Ocho Cumplen con la CEDH y el ISSEA
Por Benny Díaz
Mariana Ávila Montejano (Foto: Ernesto Martínez Reyes)
El Poder Legislativo ha sido omiso al no tomarse la molestia de hacer leyes para regularizar los “anexos” que se abren de forma indiscriminada en todas las colonias populares, en donde en una casa de 60 metros tienen hasta 100 personas “y lo comento con conocimiento porque nosotros hemos dado acompañamiento y acudido a buscar personas”, declaró Mariana Ávila Montejano, directora del Observatorio de Violencia Social y de Género a esta Casa Editorial.
Esta es una problemática que cada día permea más en la sociedad y “hemos sido respetuosas del trabajo que se realiza en algunos de estos anexos, pero socialmente son espacios de privación ilegal de la libertad y en muchos casos de tortura.
Debo decir que en la plataforma de los anexos solamente figuran ocho en el estado que están de alguna manera adscritos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que tienen además sus credenciales en orden con el ISSEA y con algunas otras instituciones, pero la realidad es que existen más de 300 en todo el estado o incluso muchos más no se han logrado contabilizar”.
La activista resaltó que en cualquier colonia popular “vamos a encontrar que se abrió algún anexo en una casa de 60 metros y que llevan a estar en estos espacios hasta 100 personas.
Hace cuatro años hubo alerta de que se habían llevado a la fuerza a una mujer de fuera de una escuela, las compañeras de esta mujer nos buscan y empezamos a hacer la búsqueda, la localizamos en uno de estos espacios y ella ni siquiera era consumidora de alguna sustancia de manera problemática, no tenía antecedentes de esto y fue internada por decisión de alguien externo a su familia”.
Por todo esto el OVSG ha denunciado en varias ocasiones “a estos espacios que están socialmente aceptados para la privación ilegal de la libertad.Hace unas semanas tuvimos el reporte de un joven que venía de San Luis Potosí que estuvo trabajando aquí algunos meses porque fue invitado y de pronto desaparece y él fue llevado a uno de estos centros por una patrulla espiritual”.
La patrulla espiritual es un grupo de rescate cristiano que surgió en Tijuana y que se hizo viral en redes sociales, sobre todo en TikTok; se dedica a ayudar personas en situación de calle con problemas de adicciones, ofrece comida, ropa y palabras de aliento.
A bordo de una camioneta recorre las calles en busca de personas vulnerables y les prometen supuestas becas para tratamiento de desintoxicación.
Mariana Ávila subrayó que esto tiene “implicaciones porque este joven de San Luis Potosí fue llevado a uno de estos centros y estuvo en calidad de desaparecido a pesar de que era menor de edad, no se le reportó a ninguna persona adulta de que estaba en este centro.
En las últimas semanas hemos tenido varias brigadas que vienen de Ciudad de México y de Jalisco aquí a Aguascalientes y vamos recorriendo estos espacios y lo primero que identificamos es que hay muchas personas sin registro, que están en una situación muy precaria igual que los albergues a los que las mismas instituciones manda a la ciudanía”.
No dan Atención Integral
Estos anexos se abren en espacios muy pequeños y los que están con menos integrantes tienen “40 o 60 personas que viven en condiciones muy complejas, en donde identificamos que no se puede dar una reeducación o una atención integral para el consumo problemático de sustancias, y específicamente en el tema de desapariciones creo que las instituciones encargadas en el área de acceso a la justicia y que tendrían que estar dando seguimiento a las desapariciones no han logrado ‘conectar’ con estos espacios.
“Hace algunos meses se subieron las fichas de jóvenes que fueron desaparecidos en anexos de Rincón de Romos y que fueron localizados en fosas en Zacatecas. Se teje una red muy completa de violencias alrededor de estos espacios porque no están regularizados y ¿cuál es la responsabilidad de las instituciones?, absolutamente todas.
“Las familias recurren a estos espacios porque no tienen alguna institución que pueda cobijarles con sus seres queridos que están inmersos en adicciones y no saben qué hacer y los llevan a los espacios más cercanos en donde les dicen: ‘tienes que traer esto semanalmente’. Se endeudan para poder hacerlo porque institucionalmente no hay nadie que dé respuesta. El Estado es responsable de que las calles se pueda conseguir armas de cualquier tipo y también de que se compre sustancias ilícitas porque en el pacto social ellos son los encargados de la seguridad, la salud y de todo”.
Basura Para Calmar el Hambre, Frío y Miedo
Y es que si la gente sabe en cuáles calles venden sustancias ilícitas es obvio que el estado también, “sustancias que además están plagadas de basura.
Los que están consumiendo lo hacen para no tener sueño, hambre, miedo… para poder sobrevivir al frío por 30 o 50 pesos que les cuesta estos desechos de plásticos y basura que son elaborados en laboratorios en donde ponen a fundir todo y lo venden en dosis por esas decenas de pesos.
“Les están dando a los consumidores algo que les va a tranquilizar el hambre por tres o cuatro días y esta precarización de las condiciones de alimentación, salud y economía hay una respuesta terrible, porque son necesidades no cubiertas y que son responsabilidad del Estado y además parece un negocio redondo, porque nosotras también hemos señalado que personas que identificamos en carpetas de investigación y que el OVSG acompaña casos de desaparición, en donde nos señalan los nombres de personas que están involucradas con la venta de algún tipo de sustancia también son dueños de anexos, o sea tienen negocio redondo, no digo que todos, porque lo hablo responsablemente, pero hemos señalado que tenemos identificados algunos de estos espacios”.
Mirada Clasista
La directora del Observatorio indicó que se necesita que el Ejecutivo etiquete más recursos para atender el tema de salud mental “porque los anexos irregulares existen porque no se está atendiendo el tema de salud integral y ha invisibilizado esta problemática porque se actúa con una mirada clasista y criminalizando a las personas que consumen, es como ‘son pobres, que lo arreglen, o sea, que lo arreglen en sus colonias’ y que los lleven a esos anexos que no tienen ningún tipo de regulación, eso es muy grave.
“Se debe actuar en todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, porque no se han involucrado, no les interesa y puede parecer muy trillado, pero tiene que ver con las vidas que les importan y lo que vemos en todos los procesos que acompañamos es quién desaparece, cómo se moviliza, qué problemática social hay, cómo le invierten al tema y qué están haciendo y en términos de política pública para que los jóvenes no vean como única opción para atender su salud, su miedo, su hambre o la violencia en las drogas”.
La invitación que hacen a las familias que tienen una persona que requiere desintoxicarse por una adicción, es que “primero identifiquen cuáles son las credenciales y la regulación de ese anexo y que puedan buscar otras alternativas y exigir al ISSEA, Agua Clara o el mismo Congreso, cuáles son las otras alternativas para que sus familiares tengan seguimiento y atención con psicólogos, médicos, enfermeras, que sea interdisciplinario porque por supuesto no vamos a acabar de un día para otro con esta problemática, pero sí que existan alternativas para quienes no podamos pagar esas casas de ’descanso’ a las que van las personas con recursos y que cuestan más de 100 mil pesos al mes”.
