Mediante la Policía Rosa
Por Benny Díaz
Antonio Martínez Romo (Foto: Ernesto Martínez Reyes)
Antonio Martínez Romo, comisario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, declaró en entrevista colectiva que la corporación a su cargo brinda protección hasta por tres meses a mujeres que son víctimas de violencia, si así lo determina un juez.
Esto en respuesta a la iniciativa presentado por la diputada morenista Miriam Yaszú Muñoz Márquez, para que las órdenes de protección sean por 30 días y no por 72 horas.
“La corporación brinda esta protección cuando hay estas órdenes de restricción y depende mucho de quien la emite. Hay órdenes que las emite el Ministerio Público cuando toman conocimiento o incluso los jueces del tema familiar también dan las vistas y nosotros tenemos órdenes de protección por horas”.
El comisario afirmó que, independientemente de la temporalidad, ellos trabajan las órdenes normalmente: “Me apoyo mucho con el esquema de la policía de atención a la violencia de género o lo que la gente conoce como la policía rosa, que tiene funcionando varios años con nosotros y es la instancia que normalmente visita personas que han sido violentadas”.
Martínez Romo indicó que “nosotros llevamos esa bitácora, porque también es claro que cuando pasa esto, la propia autoridad nos genera a nosotros la petición de que se lleve a cabo una bitácora de registro donde estamos atendiendo a la persona, y esas bitácoras de registro al Ministerio Público o al propio juez para que vea que si se da el cumplimiento a estas órdenes.
“Pero tenemos muchas aristas cuando se da ese cumplimiento desde el momento en que hemos detectado que la persona da un domicilio que no existe y es porque no está bien registrado; hemos tenido situaciones de que la persona ya no quiere que la visitemos y toda esa información se le está dando a la autoridad correspondiente; también hemos tenido incidencias donde el perpetrador es omiso y no se apega a cumplir las órdenes de protección o restricción, y hemos tenido que hacer el arresto y presentarlo ante el juez cívico y se le da conocimiento a la autoridad que emite el documento para que sepa que esta persona no está cumpliendo”.
Así que de votarse a favor esa iniciativa de que las órdenes sean por 30 días, se podrían realizar para evitar que el perpetrador pueda acercarse a su víctima.
