“Las Decisiones Judiciales Pueden Estar Influenciadas por Intereses Políticos”
Por Benny Díaz
Yolitzin Alelí Rodríguez Sendejas (Foto: Ernesto Martínez Reyes)
“Abrir la designación a que jueces y magistrados sean elegidos por voto, puede ser favoritismo y falta de profesionalismo, en casi ningún país del mundo sucede esto, sólo en Bolivia y en ese país el Poder Judicial ha quedado sumido en la desconfianza pública”, declaró la legisladora Yolitizin Alelí Rodríguez Sendejas, en la sesión de la Diputación Permanente, Afirmó que esta decisión que se ha aprobado en la Cámara de Diputados federal y que ahora está en manos del Senado, en lugar de fortalecer la justicia, “se ha debilitado en este país su capacidad de actuar con independencia.
Aquí la reflexión y la invitación es preguntarnos: ¿queremos que esto suceda en México?, ¿queremos que nuestras decisiones judiciales estén condicionadas porque se financia una campaña o por el color de una bandera política?, además, al abrir la designación de jueces y magistrados al voto popular se corre otro riesgo y es que cualquiera podría ser candidato sin importar si cuenta con las credenciales, la experiencia o la formación adecuada para el cargo.
“Nuestro sistema judicial requiere de personas con altos estándares de conocimiento jurídico, ética y experiencia para poder resolver los casos de manera justa y eficaz, permitir que alguien sin capacidad necesaria llegue a estos puestos por la simple popularidad sería una traición a la confianza que el pueblo ha depositado en la justicia y en México.
“Por supuesto que también sería un grave retroceso a la profesionalización del servicio público, otro punto que no podemos dejar de mencionar es el costo, el costo que esto generaría, pues las elecciones en México ya son sumamente costosas, cada proceso electoral implica una gran inversión de recursos, recursos que provienen de los impuestos que pagamos los ciudadanos”, aseveró.
La representante de Movimiento Ciudadano en el Congreso, dijo que “añadir más elecciones para elegir a los jueces y magistrados sólo encarecería aún más el sistema electoral, cuando lo que realmente queremos ya es que sea más eficiente este tema de los gastos públicos el estado, en lugar de aumentar la frecuencia y los costos de las elecciones, deberíamos concentrarnos en mejorar la administración pública y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país.
“Por todo esto, la propuesta de elegir a los jueces por voto popular no es una solución para fortalecer nuestra democracia, ni mucho menos nuestra justicia. Lo que realmente necesitamos es un Poder Judicial independiente, que responda únicamente a la ley, que cuente con juzgadores profesionales capacitados y comprometidos con la justicia en nuestro país. La reforma al Poder Judicial planteada por el presidente de la República está avanzando sin contar con el consenso necesario para un cambio tan trascendental como sería si se aprueba esta reforma”.
Rodríguez Sendejas destacó que “esta propuesta no ha tomado en cuenta la opinión de sectores claves como el gremio de abogados y de los propios operadores judiciales, quienes día a día son los responsables de hacer funcionar este sistema de justicia en nuestro país, esta reforma, lejos de fortalecer el Estado de Derecho, lo pone en riesgo al someter al Poder Judicial al árbitro de los otros dos poderes, se erosiona su independencia, que es uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución.
Una justicia independiente es la garantía de que las leyes se apliquen de manera imparcial, sin influencias políticas ni presiones externas al vulnerar esta independencia se debilita nuestras instituciones públicas y con ello se menoscaba la confianza que la ciudadanía ha depositado en el sistema judicial.
“La reforma también pone en duda la credibilidad de los juzgadores, quienes podrían verse obligados a actuar no bajo el mandato de la ley, sino bajo las directrices de quienes sustentan el poder político. Esta subordinación no sólo afectaría a la impartición de justicia, sino que enviaría un mensaje preocupante tanto a nivel nacional como a nivel internacional, tal como ya está sucediendo en la actualidad. Este mensaje erróneo que estamos enviando hacia el exterior es el de una justicia que ya no es libre, que ya no puede garantizar la imparcialidad y que está sujeta a los vaivenes políticos. Este escenario, además, tiene consecuencias directas para la estabilidad económica del país. La certeza jurídica es un factor crucial para atraer la inversión y fomentar el crecimiento económico si los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, están percibiendo que en México las decisiones judiciales pueden estar influenciadas por intereses políticos. Continuó:
“Tenemos como resultado la que la confianza en nuestras instituciones se está viendo gravemente afectada. Esto podría traducirse si continúa y se concreta esta reforma en una disminución de las inversiones, afectando el empleo y el desarrollo económico y la calidad de vida de todos los mexicanos, una reforma de esta envergadura debe ser discutida ampliamente, escuchando todas las voces y respetando la independencia de los poderes que conforman nuestro sistema demócrata.
“No podemos permitir que una visión unilateral y politizada del Poder Judicial debilite lo que tantos años de lucha y esfuerzo nos ha costado construir. La invitación y la reflexión, esa que defendamos la independencia de nuestras instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el futuro de nuestro país. No permitamos que la justicia se politice, la independencia del Poder Judicial es un baluarte que debemos defender con firmeza y seamos claros: esta reforma no mejorará el sistema judicial. En nuestro país, lo que realmente garantizará nuestro derecho a la justicia es que todos los esfuerzos se dirijan al combate a la prevención y erradicación de la corrupción”.
Finalmente, mencionó que “también quiero hacer la reflexión en la congruencia que estamos viviendo en México, por un lado se pretende con esta propuesta garantizar o mejorar El Poder Judicial, el sistema judicial, pero por otro lado, se está vulnerando el derecho de acceso a la información pública por parte del propio gobierno federal y de su bancada mayoritaria, al tratar de eliminar este y lacerar los organismos constitucionalmente autónomos, como lo es el Inai”.
