“No hay una Sola Prueba en Contra de Ella”
Por Benny Díaz
Mariana Ávila Montejano y Erik Romani (Foto: Ernesto Martínez Reyes)
“Samanta Fierro fue torturada, violentada sexualmente en la Fiscalía General del Estado y posteriormente juzgada por un delito que no cometió, lo que decimos está sustentado en la carpeta de investigación y por eso señalamos como principales responsables a los agentes de investigación Mario Arturo Margarita y Jorge Enrique González; al fiscal, Jesús Figueroa Ortega y al juez Jesús Eduardo Méndez Martínez de lo que le pueda pasar a ella en el Cereso femenil, a su familia, a víctimas indirectas y a quienes conformamos el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) por esto que estamos dando a conocer”, declaró en conferencia de prensa Mariana Ávila Montejano.
Estuvo acompañada por Erik Romani, pareja de Samanta y quien asegura también fue víctima de tortura, ya que fue detenido junto con la mujer y los padres de ésta en el fraccionamiento Lomas de Santa Anita el 19 de noviembre de 2019 por la noche.
Mariana Ávila hizo uso de la voz para decir que “una joven de 24 años ha sido víctima de violencias institucionales, violaciones graves a los derechos humanos, como parir dentro del módulo donde está privada de su libertad, hoy su hija está desaparecida y ella sufrió violencia obstétrica por una institución pública.
Vamos a dar cuenta del proceso de tortura y violencia de años desde el momento en que fue detenida en 2019 y cómo estos procesos: la privación ilegal de la libertad, tortura sexual, violencia física, incriminación de un delito que no cometió, sentenciada y privada de su libertad y hoy, está buscando a su hija junto con su pareja, quieren saber el paradero de Victoria”.
La activista señaló que esta situación la viven en estos espacios de procuración de justicia en el estado de Aguascalientes, “son violaciones graves y ocurrió porque Samanta, como muchas otras personas lo han vivido, no han podido hacer público todo eso porque no cuentan con una red de apoyo. Estamos poniendo sobre la mesa que ella debería ser libre, porque desde el momento en que fue detenida debió ser tratada como víctima por las instituciones encargadas de la procuración de justicia”.
Ávila Montejano resaltó que “nos responsabilizamos de lo que se diga aquí, vamos a nombrar autoridades que siguen al frente de instituciones públicas. Quiero aclarar que todo está documentado y obra en carpetas de investigación, nada es inventado”.
Los Hechos
Erik Romani, la pareja de Samanta, relató: “Fue el 19 de noviembre de 2019 cuando fuimos víctimas de desaparición forzada y tortura Samanta, su padre, su madre y yo. Fuimos detenidos de forma arbitraria e ilegal por la Fiscalía General del Estado.
Eran las 19:45 horas y circulábamos por calles de Santa Anita, eran entre 15 y 18 sujetos, algunos encapuchados y armados, iban en varios vehículos y nunca se identificaron, pero supimos que eran de la Fiscalía por las placas, las radios de comunicación, era evidente. Atentaron contra nuestra humanidad, nos ordenaron que bajáramos del vehículo y nos abordaron a diferentes autos a cada uno de nosotros y nos trasladaron a sus instalaciones”.
Desde que llegaron, cuenta el hombre que “comenzamos a ser amenazados, amedrentados y nos separaron por varias horas. Como abogado, les dije que exigía que nos dijeran por qué nos detuvieron y exigí mis derechos, pero no fue hasta alrededor de las 2:30 de la madrugada cuando mencionaron que fue porque encontraron droga en el vehículo, misma que sembraron”.
Erik afirma que durante horas “el agente Jorge Enrique estuvo amenazándome, luego hubo maltrato físico y emocional.
Me desnudaron de manera innecesaria, ordenándome hacerlo con palabras altisonantes, después llegó la madre de Samanta a donde yo estaba y me ve desnudo, la colocaron en la celda de enfrente y pasaron varias horas, no dejaron de amenazarnos y más tarde nos bajaron al área de delitos contra la salud”.
Fue cuando vio a Samanta: “Estaba en muy malas condiciones, hinchada de la cara y apenas podía caminar porque había sido abusada sexualmente por un tipo de nombre Mario Arturo, un enfermo, una bestia, porque no lo puedo llamar de otra manera. La estuvieron torturando metiéndole la cabeza en un bote con agua, le colocaban una bolsa que le ataban al cuello, la golpearon en el abdomen”.
Sostiene que Samanta no cometió el crimen por el que ahora está purgando una condena de más de 21 años. El responsable fue su padre, quien lo declaró en su momento, pero no le hicieron caso. Al papá de Samanta “también lo torturaron para que proporcionara ciertos datos, en la Fiscalía ya tenían cierto conocimiento, pero lo coaccionaron mostrándole un video donde se ve el interior de la casa de Santa Anita donde ocurrieron los hechos y en donde él intenta darle reanimación al extinto y lo obligaron a declarar al colocar a su hija detrás de un ventanal para que viera cómo estaba siendo abusada sexualmente y le advirtieron que si no decía lo que ellos querían, a su esposa le harían lo mismo”.
Erik asegura que pretendieron obligarlo a firmar documentos en donde se decía responsable de varios delitos “que fueron fabricados por la Fiscalía para justificar el levantón”.
Como se negaba a firmar, le azotaron la cara contra un escritorio y las amenazas siguieron. Al final a él no lo vincularon, pero a Samanta y a su padre sí, “pero crearon todo un espectáculo, exhibieron a Samanta, dijeron que la orden de aprehensión se había ejecutado el 21 de noviembre por la noche, cuando desde la mañana explotó la noticia y a Samanta, junto con nosotros, la detuvieron desde el día 19”.
Encontraron el cuerpo de un hombre en la casa propiedad de la familia de Samanta, en donde Erik asegura que el padre de ella es el único responsable, que así lo declaró, pero “se politizó el asunto y dijeron que era una banda de secuestradores, que eran policías municipales y todo porque había un problema entre los palacios (de gobierno estatal y municipal)”.
Como hicieron todo muy mediático, “Samanta llega con una losa muy pesada, la del juicio social”, la acusaron de ejercer la prostitución y de atraer hombres para luego, junto con sus padres, extorsionarlos.
Intento de Suicidio
Mariana volvió a hacer uso de la voz para decir que en los medios de comunicación se publicó que hubo un intento de suicidio por parte de Samanta, cuando en realidad “lo dicen para justificar las lesiones que tenía en el cuello por la bolsa que le habían colocado para la tortura.
En la carpeta de investigación hay 800 hojas y no hay una sola prueba en contra de Samanta, es inocente y la tienen privada de su libertad por un delito que no cometió.
Y aunque hubiera sido real la narrativa que inventó la Fiscalía, de que era prostituida por sus progenitores, la debieron de haber atendido como víctima, no como victimaria”.
Además de que “filtraron documentos, fotografías y el video del momento de su detención a algunos medios de comunicación, todos publicaron la misma narrativa y a algunos, hasta el ‘privilegio’ les dieron a algunos medios de tener fotografías del celular de Samanta y de Erik. Estamos hablando de que hubo tortura sexual y esto sucede con ocho de cada 10 mujeres que son detenidas. Por eso condenamos y responsabilizamos de lo que nos pueda pasar, a las autoridades involucradas”.
Indicó que no saben por qué, por un problema entre quien gobernaba el estado en ese tiempo, Martín Orozco Sandoval y la entonces alcaldesa, Tere Jiménez Esquivel, se politizó este asunto que lo hicieron demasiado mediático y con una historia falsa a lo que ocurrió.
Omiso
Erik también mencionó que el entonces ombudsperson de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA), J. Asunción Gutiérrez Padilla, no hizo caso de la denuncia de Samanta, “ni siquiera iba a la oficina con el pretexto del COVID. Al poco tiempo de que se interpuso, la desaparecieron y ahora, con la nueva titular yo puse la mía, pero no existe la de Samanta”.
El hombre dijo creer en la gobernadora Tere Jiménez Esquivel, ya que en cuanto se dio a conocer lo ocurrido dentro del Cereso femenil se pusieron en contacto con él y le dijeron que le darán seguimiento al caso.
Mariana Ávila Montejano concluyó diciendo: “lo que estamos diciendo es que es fuerte que realicen este tipo de prácticas que en ocasiones no son denunciadas ni expuestas, cualquiera que alce la voz puede pagar con su vida destruida porque al denunciarlo les es incómodo y pueden fabricar un delito.
Es muy grave, el llamado es que no sólo sea un tema de voluntad, hay que aterrizar lo que dijo la gobernadora y su gabinete para garantizar lo que estamos solicitando y no sólo como Observatorio o como víctimas, sino como ciudadanía”.
La Acusación
En noviembre de 2019, las autoridades policiacas dieron a conocer la detención del excomandante de la Policía Municipal, Víctor Hugo Fierro Guzmán; su esposa e hija de ambos, integrantes de la Policía Municipal, por el asesinato de Jorge Hernández “Yorch Pits”, cuyo cadáver fue enterrado en el patio trasero de una vivienda del fraccionamiento Lomas de Santa Anita.
