Fueron vinculados a proceso Juan Adolfo “N” “N”, de 30 años y su pareja sentimental Esmeralda Rubí “N” “N”, de 27, quienes torturaron física y psicológicamente a un niño de 10 años, hijo de ella.

La tarde del jueves 17 de agosto, Juan Adolfo agarró una manguera gruesa y le pegó a su hijastro en la espalda, los brazos y en las piernas. Llorando, el niño salió del domicilio situado en la calle Efraín Huerta González Luna, en Cumbres II y pidió ayuda a un vecino.

La pareja escapó antes de ser agredida por residentes, mientras que policías preventivos llevaron al menor al Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género en el Centro de Justicia Para Mujeres, donde iniciaron una carpeta de investigación.

El domingo 27 de agosto, Juan Adolfo y Esmeralda Rubí fueron detenidos en Cumbres III y posteriormente fueron ingresados al Cereso de su sexo. Las indagatorias comprobaron que desde 2016 el pequeño fue insultado, castigado y golpeado por su padrastro, siempre a la vista de Esmeralda Rubí, quien en varias ocasiones participó en las cobardes agresiones.

El 15 de agosto pasado, Juan Adolfo insultó al menor y posteriormente lo golpeó con las manos para después jalarle las orejas y posteriormente lo sujetó del pie izquierdo y se lo dobló, causándole graves lesiones.

Dos días después, de nueva cuenta atacó al niño golpeándolo en la cabeza y después con un tubo de plástico, tomando luego un lazo de plástico amarillo y se lo enredó en el cuello, intentando asfixiarlo.

Asimismo, Esmeralda Rubí, al estar en un domicilio en el fraccionamiento Villa Montaña, reprendió a su vástago golpeándolo en la espalda con una tabla, causándole varias heridas, además de ofenderlo.

Con las pruebas aportadas, el juez de Control y Juicio Oral Penal, vinculó a proceso a Juan Adolfo por los delitos de violencia familiar y lesiones dolosas calificadas, mientras que Esmeralda Rubí será procesada por el delito de lesiones dolosas calificadas.

Asimismo, en su caso, se le dará un seguimiento especial con perspectiva de género, debido a la situación violenta imperante en su domicilio. El juez de Control les impuso prisión preventiva oficiosa y fijó dos meses como plazo para el cierre de la investigación.