La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!
CUANDO SE ROMPE LA COMPLICIDAD…

Jueza, a proceso y con un año de Prisión Preventiva.

Angélica Sánchez Hernández, jueza veracruzana, fue detenida y encarcelada por torcer la ley: está acusada de dejar en libertad a un narcoasesino del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG): Itiel N alias “Compa Playa”, acusado de asesinar al diputado del PRI, Juan Carlos Molina y a dos personas más, cosa rara porque el Poder Ejecutivo (Fiscalías) y el Poder Judicial, siempre han formado una simbiosis invencible que, por lo regular, se llevan de “pelos” y actúan de común acuerdo, siempre y cuando ambos sean inescrupulosos.

Pero en este caso no fue así y la juez Angélica Sánchez se fue por la libre ignorando, incluso, al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y ordenó la soltura, provocando la ira de Cuitláhuac García, quien de inmediato ordenó a su fiscal abrir una tarjeta de investigación en contra de Angélica y la Fiscalía logró orden de aprehensión del propio Poder Judicial, por lo que la juez, que había huido de Veracruz, para buscar apoyo en las altas esferas del Poder Judicial, fue detenida en la Ciudad de México y retachada a Veracruz, donde se le sigue proceso penal, con prisión preventiva de un año.

Raro, reitero, porque las fiscalías y jueces, por lo regular, actúan en contubernio y no hablo sin bases, sino con los pelos de la burra en la mano, como es el caso de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, quien siendo procurador general de Justicia del Estado, llegó a amenazar a varios jueces federales con demandarlos penalmente si sus consignaciones no prosperaban, así es que Felipe Muñoz no solamente tenía la ley a su favor, sino también la justicia: tanto que con acusaciones falsas de narcotráfico mandó a la cárcel a varios reporteros con la orden o complacencia de su entonces patrón y protector, el gobernador Carlos Lozano de la Torre.

Claro que la culpabilidad al cabo del tiempo se desvaneció por falta de elementos para procesar, pero fueron años los que los reporteros de policía estuvieron encerrados en penales de alta seguridad, lejos de Aguascalientes, para dificultar su defensa.

Por eso, reitero, se me hace extraño que una juez esté presa por ordenar la liberación de un narco, pues las fiscalías, otrora procuradurías, con jueces y magistrados formaban una simbiosis y, con sus honrosas excepciones, que las hay, la siguen formando: Felipe Muñoz es de esas aves que se atascan en la mierda y su plumaje es inlavable, pero por sus marrullerías y experiencia criminal es muy solicitado por gente corrupta, como por ejemplo los diputados que se beneficiaron con la estafa legislativa llamada la “Caja Negra”, quienes contrataron las malas artes de Felipe Muñoz, para intentar no ir a la cárcel pues la estafa a las arcas fue por, al menos, 140 millones de pesos.

De esto dieron cuenta en su momento las reporteras Mónica Cerbón y Jennifer González, quien hace unas semanas narraron

“Cómo abrimos la Caja Negra de Aguascalientes: fue una filtración de Martín Orozco Sandoval y así lo develan las periodistas: Todo empezó con una filtración.

En agosto de 2020, un funcionario nos ofreció información sobre el Congreso del Estado de Aguascalientes. Nos entregó aproximadamente 400 hojas. Advirtió que solamente él y el panista Martín Orozco, entonces gobernador del estado, sabían de la existencia de los documentos y a quién se los había filtrado.

Durante los cuatro años que habían transcurrido de su sexenio, Orozco abrió diversos frentes políticos, incluso en su partido, el PAN.

Para entonces, había perdido el control del Congreso y estaba públicamente enfrentado con la mayoría de los grupos del Legislativo.

El funcionario nos pidió revisar los documentos originales y condicionó su entrega a cambio de controlar la investigación, es decir, informarle los avances y que el gobierno mantuviera control sobre la información. Solo aceptamos ver los documentos.

Eran facturas timbradas al Congreso de Aguascalientes en los años fiscales 2018 y 2019 que sumaban más de 140 millones de pesos y pólizas relacionadas con servicios ambiguos prestados por más de treinta empresas.

No solo parecía información importante, sino que por ley debía ser pública. Decidimos seguir la historia de forma independiente. Ese fue el reto más grande.

Siguiendo el consejo de periodistas experimentados, fotocopiamos los documentos. Citamos al funcionario en un lugar público para evitar riesgos y le devolvimos los documentos originales. Fuimos honestos y le dijimos que habíamos sacado una copia y que realizaríamos la investigación, pero de forma independiente.

Nos amenazó diciendo que “nos meteríamos en problemas” si publicábamos la historia sin pasar por su filtro. En nuestra defensa, le respondimos que nuestra ética no estaba en discusión. El funcionario y el gobernador sabían que habían perdido control sobre lo que encontráramos a partir de los documentos.

Eso nos ponía en un riesgo mayor, pero además abría la posibilidad de que se filtraran los papeles, o una historia basada en ellos, a otros medios para que la publicaran antes. Como se dice en el gremio, que “quemaran la nota”, pero nos sentimos capaces de hacer un trabajo profesional e independiente. Nuestra primera decisión metodológica fue analizar los documentos de forma técnica, dejando de lado los intereses políticos. Verificamos la autenticidad y la vigencia de las facturas.

Constatamos que el Congreso no había publicado nada relacionado con esos gastos en su página de transparencia y que ninguna empresa señalada en las facturas aparecía en su padrón de proveedores.

Los fiscalistas y especialistas contables con los que hablamos fueron foráneos para evitar que tuvieran relación con alguna persona involucrada en el tema. Nuestro reto era saber si las facturas estaban pagadas. Eso detonó las primeras solicitudes de información. Usamos una cuenta avatar para evitar que el Congreso supiera tan pronto que teníamos esos documentos o que nos buscaran personalmente para negociar la entrega de información, como en otras ocasiones habían intentado hacerlo.

Solicitamos los expedientes completos de las adjudicaciones con una copia de las facturas correspondientes a cada solicitud, actas de las sesiones del Comité de Administración del Congreso, declaración patrimonial y de intereses de los diputados y comunicaciones donde constara qué hizo el Congreso con las facturas.

Todo en formato digital, a través de correo electrónico. El Congreso nos dijo que no tenía ningún documento relacionado con esas facturas, pero no declaró la inexistencia de la información como lo marca la Ley de Transparencia.

Reservó las actas del Comité de Administración y respondió que los archivos de las declaraciones patrimoniales requerían “gran capacidad informática”, pero no indicó cuánta, por lo tanto, tuvimos que consultarlas personalmente.

Intuimos que la intención de la respuesta era conocer la identidad de quien había solicitado la información. En esta etapa presentamos 30 recursos de revisión. También “mapeamos” las empresas: socios, domicilios fiscales y objeto social.

Con eso identificamos tres redes que compartían socios, domicilios, teléfonos y ligas con empresas fantasmas. Según notas periodísticas, algunos socios eran investigados por presuntamente operar financieramente para el crimen organizado. Advertimos que eso implicaba otros riesgos para nosotros. La mayoría de las empresas estaban en Guadalajara, por eso, necesitamos tener financiamiento para viajar y seguir investigando.

Ofrecimos el proyecto a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien lo aceptó, lo financió y nos dio acompañamiento editorial.

Hicimos un protocolo de seguridad y fuimos a Guadalajara, nos acompañó el fotoperiodista Fabricio Atilano Ochoa, quien, además, nos guió en el proceso para corroborar la existencia de las empresas y preguntar qué trabajo habían hecho para el Congreso.

La mayoría de las empresas que visitamos no existían. Los domicilios fiscales que reportaban y los que aparecen en internet eran falsos. Algunas habían desaparecido después de unos meses de haberse instalado y los vecinos aseguraban haber visto a pocos trabajadores.

No contestaban las llamadas telefónicas, ni los correos y casi ninguna tenía página web. De las tres redes de empresas, la más pequeña estaba en Aguascalientes, a donde también acudimos. Esas empresas existen, están en los domicilios que reportan y sus socios son proveedores del gobierno municipal de la capital del estado y otros municipios.

Sus representantes admitieron haber prestado servicios al Congreso durante los años en que se expidieron las facturas y que éstas se les habían pagado, pero no pudieron explicar qué servicios fueron los que prestaron ni respondieron a los correos electrónicos donde, después, se les volvió a solicitar la información que se les había pedido verbalmente.

En el transcurso de la investigación, el Congreso despidió a su contralor, quien era el responsable de atender nuestras consultas sobre las declaraciones patrimoniales de los diputados.

El día que acudimos a la cita para revisar la información que habíamos solicitado, la encargada de despacho de Contraloría se presentó como “custodia de la información” y nos pidió acreditar oficialmente que éramos titulares de la cuenta de transparencia que las había solicitado.

Aunque la cuenta no aludía al nombre de una persona, la funcionaria insistió en exigir que presentáramos una identificación oficial.

Exigir a un solicitante que acredite su personalidad o interés en información que debe ser pública es contrario a lo establecido en el criterio reiterado del INAI 006/2014, que señala que “la respuesta a una solicitud de acceso a información y entrega de la misma, no debe estar condicionada a que el particular acredite su personalidad, demuestre interés alguno o justifique su utilización, en virtud de que los sujetos obligados no deben requerir al solicitante mayores requisitos que los establecidos en la Ley”.

Pero la funcionaria desconocía las leyes de transparencia o simplemente no quería aplicarlas.

Discutimos con ella hasta que nos entregó información escueta en un archivo digital de menos de 1 GB, a pesar de que la habría podido entregar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) o un correo electrónico, como se solicitó.

Al revisar los documentos, notamos que las declaraciones no estaban hechas conforme a la Ley y que la información estaba incompleta.

Cuando resolvió los recursos de revisión, el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) ordenó al Congreso declarar la inexistencia de la información relativa a las facturas conforme a la Ley. De no hacerlo, lo multaría.

Por otro lado, cuando el instituto de transparencia resolvió los recursos, las facturas seguían vigentes.

Eso significaba que el Congreso estaba negando la existencia de documentos y los gastos que, si no había hecho, tampoco había cancelado y por los que habría declarado y pagado con recursos públicos impuestos ante el SAT.

En la declaratoria, el Congreso incluyó una tabla de su ejercicio presupuestal 2018 y 2019 con el desglose de los gastos de todas las partidas excepto la de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Los especialistas a los que consultamos nos advirtieron de esa omisión como una irregularidad grave en la cuenta pública, que fue aprobada por mayoría del Pleno Legislativo en ambos años. El monto sin desglosar de esa partida era casi equivalente a lo que sumaban las facturas timbradas.

Desde el principio sospechábamos que el dinero pudo usarse para campañas políticas, pues 2018 y 2019 fueron años electorales, pero no pudimos comprobar nuestra hipótesis.

Buscamos a los diputados involucrados en las decisiones financieras del Congreso durante esos años, ninguno aceptó darnos una entrevista. Uno de ellos, incluso, amagó con demandarnos por “daño moral”.

 EL INTERÉS PÚBLICO

Iniciamos la investigación en enero de 2021, ese año se celebraron elecciones de Congreso y presidencias municipales. Estábamos en el dilema de si publicar antes o después de la jornada electoral. Sabíamos que, de cualquier forma, podíamos recibir ataques personales.

Durante el transcurso de la investigación decidimos que publicar antes era lo más ético, de esa forma las y los electores tendrían más información para emitir su voto.

 ¿CÓMO ABRIMOS LA CAJA NEGRA DEAGUASCALIENTES?

En el presunto desvío de recursos estaban involucradas todas las fuerzas políticas con presencia en el Congreso. Consideramos que esa fue una fortaleza del reportaje: no se dirigía a un personaje, sino al actuar de una institución conformada por todos los partidos y que entre sus facultades tiene la de hacer las leyes y fiscalizar el gasto público del estado.

La coyuntura electoral incluía el riesgo de que la información fuera utilizada como botín político y aunque eso sucedió, el hecho de que todos los partidos estuvieran involucrados menguó las intenciones de guerra política.

Contar con la documentación y que los diputados se negaran a responder a nuestras preguntas evitó que se desviara la atención de las revelaciones.

Incluso, el público y algunos medios locales hicieron propio el cuestionamiento y la exigencia de respuestas de ¿a dónde va el dinero del Congreso? Por ejemplo, aunque algunos medios y periodistas cercanos al poder criticaron nuestro trabajo y nos atacaron de manera personal, otros –particularmente Radio BI, una estación de radio y TV local con amplia audiencia– nos respaldó difundiendo nuestra investigación y llamando a cuentas a todas las partes involucradas.

Gracias a eso, la investigación penetró en grupos sociales de Aguascalientes a los que no habría llegado solo con la publicación digital. Miembros de organizaciones anticorrupción denunciaron penalmente al Congreso con el acompañamiento jurídico de MCCI y la organización Tojil. El caso sentó un precedente porque logró que se reconociera el interés jurídico de los ciudadanos como víctimas de corrupción.

También hubo reacciones inesperadas, particularmente de miembros del Sistema Estatal Anticorrupción que, molestos por los cuestionamientos, nos instaron públicamente a presentar por nuestra cuenta una denuncia penal contra el Congreso por el probable desvío de recursos.

Incluso nos solicitaron los documentos para iniciar una investigación de la que nunca rindieron cuentas. Hasta ahora, nadie ha desmentido el reportaje, la investigación judicial sigue abierta y algunos de los involucrados permanecen en altos cargos de gobierno. El tema sigue siendo un asunto pendiente para la rendición de cuentas y una sombra de duda sobre la legitimidad del Poder Legislativo y los diputados.

Lo que aprendimos Más allá de la metodología de investigación que describimos en este texto, con el reportaje “La Caja Negra de Aguascalientes” reiteramos algo que ya sabíamos: para el periodismo independiente en las regiones, las redes importan y hacen la diferencia.

Desde consejos metodológicos hasta consultas éticas, periodistas de otros estados nos arroparon desde el principio. Eso nos ayudó a decidir con más claridad las rutas a seguir, gracias a este intercambio de opiniones supimos qué hacer y cómo hacerlo. Además, nos sentirnos más seguros.

Por otro lado, sabíamos que los medios locales no tenían los recursos para hacer una investigación y que están comprometidos con las instituciones de gobierno por los convenios de publicidad. Por eso buscamos un medio nacional con capacidad para financiar los gastos.

Además, como reporteros independientes, no contábamos con un editor o editora que pudiera acompañar el trabajo. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad no solo nos dio acompañamiento editorial. El equipo también nos monitoreó en cuestiones de seguridad durante el reporteo y tras la publicación. Contar con el respaldo de su prestigio afianzó la credibilidad de la historia y le dio mayor impacto.

La colaboración entre organizaciones y las iniciativas que acompañan al periodismo de investigación financiera son una gran oportunidad para que se puedan llevar a cabo este tipo de investigaciones en los estados, donde las condiciones de seguridad pública y los arreglos institucionales impiden o dificultan este tipo de trabajos simplemente porque no son atractivos o relevantes para los medios nacionales.

Además, el trabajo conjunto entre periodistas es una capacitación permanente, donde se comparten herramientas, técnicas, metodologías y hasta inquietudes. En suma, fortalece la calidad de lo que las y los periodistas ofrecemos a la sociedad.

 ¿TRABAJAR CON FILTRACIONES?

Una filtración no es un descubrimiento, pero existe información que solo a través de ellas se puede conocer.

Los periodistas debemos entender que trabajar con filtraciones no le resta méritos a nuestro trabajo, pero también es necesario aprender a manejarlas con ética y rigor.

Nuestra responsabilidad es corroborar, investigar y reportear esa información antes de publicarla, para evitar que se utilice el trabajo periodístico como mecanismo para satisfacer intereses políticos. Eso siempre incluye riesgos, pero hay forma de mitigarlos. Lo primero es identificar quién y con qué interés nos filtra la información.

Cuando empezamos a planear “La Caja Negra de Aguascalientes” nos cuestionamos por qué el gobierno no impulsaba una investigación administrativa y judicial si ya había identificado un presunto desvío del Congreso.

¿Por qué querría que nosotros hiciéramos una investigación que el gobierno podría hacer más rápido y con consecuencias mayores? Para que el Congreso de Aguascalientes ocultara información de contratos con empresas cuestionables por cientos de millones de pesos necesitó que otras instituciones fueran omisas en su trabajo.

El Órgano Superior de Fiscalización del estado, quien es el encargado de vigilar el uso correcto de los recursos públicos locales, lo ha auditado pocas veces y no ha hecho público el seguimiento que da a las observaciones por probables desvíos.

También reconocen acciones u omisiones del Instituto Estatal de Transparencia, del Sistema Estatal Anticorrupción y del propio Gobierno del Estado, que en lugar de llevar a los órganos correspondientes la información, pretendió administrarla con fines políticos.

Muchos periodistas hemos recibido filtraciones alguna vez. Reconocerlo es un acto de transparencia que le debemos a la sociedad. Sin embargo, es nuestra responsabilidad investigar y cuestionar ese tipo de información y orientar nuestro trabajo al bien público y no a los intereses políticos.

 Y CON ESTA ME DESPIDO...
 “EL PRÓXIMO GOBERNADOR”...

 Quien anda que no le cabe un popote es el impresentable “chamoy” Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, de quien sus allegados andan pregonando que en cuanto Adán Augusto López Hernández, llegue a Palacio Nacional no sólo será el propietario de “Morena”, sino el próximo gobernador de Aguascalientes, y es que el actual titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, se echó a la bolsa a López Hernández, al grado de que hasta lo hizo su “hermano”.

Como el lector está enterado, el “chilaquil” es el responsable de la campaña de Adán Augusto aquí en Aguascalientes, por lo que le metió un buen billete en espectaculares e internet, con lo que se ganó el mote de “hermano” y así lo dijo el propio tabasqueño públicamente, el pasado martes que estuvo por estas tierras: “Quiero saludar y agradecer a un hermano que la vida me ha dado, Arturo Ávila, es una gente excepcional, comprometida.

No me va a alcanzar la vida para agradecerle a Arturo y lo voy a venir a apoyar cuantas veces sea necesario, Arturo tiene presente, pero tiene mucho más futuro y lo va a construir junto con todas y con todos ustedes”.

Así es que ya sabrá, caro lector, que el “salado” (ha perdido todas las elecciones), si Adán sucediera al Presidente López Obrador, a Arturo –quien “tiene presente, pero tiene mucho más futuro” –, le crecieron las alas y ya siente que tiene en la bolsa la gubernatura que tuvo en su poder su “socio” Carlos Lozano de la Torre.

No obstante también hay quienes auguran que, como buen “salado” que es, le dio su pedazo de chamoy a su jefe o, sea, ya lo saló, porque además, Adán Augusto primero tiene que superar en votos al carnal Marcelo y después a la puntera Claudia Sheinbaum, para ser el candidato y, esto, pues está en chino: cheque usted las fotos y las notas sobre Claudia y Adán y la diferencia es mucha a favor de Claudia, pero bueno, todavía no hay nada escrito; aunque por otra parte es Ricardo Monreal el que no levanta ni con viagra y su participación es de solitario comparsa.

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 22).