“Sólo Tres Llegan a Sentencia Judicial”
Por Benny Díaz
Sanjuana Martínez Meléndez (Foto: Ernesto Martínez Reyes)
La diputada Sanjuana Martínez Meléndez dio a conocer que es alarmante la cifra de mujeres violentadas en Aguascalientes: “Hay mil 800 casos y sólo 60 denuncias, de esas, sólo tres llegan a un término de sentencia judicial”.
Reconoció que hace falta la cultura de la denuncia, seguir brindando herramientas a las féminas para que se den cuenta de que ya no pueden seguir bajo el esquema de hace años en donde el patriarcado hacía que se normalizaran los malos tratos hacia las mujeres, pues en el caso de que se casaran, tenían que aguantar lo que fuera porque así “les tocó su suerte”.
“Ninguna violencia es aceptable y por eso cada vez hay que darles información a las mujeres, no sólo de Aguascalientes como municipio, sino de todo el estado, porque ocurre en todos lados, a todas horas y en todos los niveles socioeconómicos”.
En la capital son más las víctimas porque hay mayor número de población, pero en los municipios también existe y ya “no se trata de los alcaldes, ando tras algunos municipios en donde no le dan la debida importancia a esto, el ejemplo fue Rincón de Romos, que vinieron y presentaron a quien estaba al frente, pero sin contar con un espacio, y a los dos meses renunció porque no cumplía ni con el perfil. Lo peor es que aseguraron no existía violencia en ese lugar y a la semana hubo un feminicidio, que es el límite de la violencia, quiere decir que estar mujer la estuvo padeciendo desde mucho antes y si buscó ayuda no la encontró y menos dónde denunciar”.
Por las mismas andan en El Llano, en donde el presidente municipal llegó al grado de decirle que si quiere que haya una instancia, que le dé el presupuesto. “Lo que no sabe es que en el caso del legislativo sólo se aprueba, son ellos quien tienen que presentar su plan”.
Por eso se dio a la tarea de que el Ejecutivo destinara un presupuesto específicamente para este tema.
La legisladora dijo que ya se aprobó la Ley Ingrid en la entidad, que son un conjunto de reformas para evitar la exposición de las personas que mueren a causa de un hecho violento ante los medios de comunicación. El objetivo es proteger la intimidad y la dignidad de las víctimas y sus familiares y con ello combatir la violencia mediática de género, sancionando a servidores públicos y ciudadanos que fotografíen, difundan y publiquen imágenes, videos, audio, documentos o evidencia de una investigación penal o información relacionada con una víctima.
Las sanciones “las definirá el juez que lleve el caso, de acuerdo con el grado de violencia ejercida en este tema”.
