“Clonan Sellos del Poder Judicial”
Por Benny Díaz
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
La legisladora Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba dio a conocer en entrevista colectiva que se debe legislar a la brevedad para que aquellos que tienen deudas “no es que dejen de pagar, pero no que haya cobranzas en donde se haga de forma antijurídica y con violencia”.
Por eso presentó ante la Secretaría General del Congreso una iniciativa para que los cobros extrajudiciales no se puedan hacer de manera violenta o amenazante, porque “llegan a tal grado que utilizan sellos falsos de autoridades y es común en Aguascalientes que haya despachos de abogados que se oponen a esto y me felicitaron porque debido a esto ocurre muchísimo, y hay quienes se han suicidado por cómo han cobrado deudas o se van del estado porque lo hacen de una manera violenta y con actos antijurídicos e ilegales”.
Dicen los abogados, agregó, que “es frecuente el cobro extrajudicial y de manera agresiva, además de que utilizan medios ilegales”.
El cobro debe ser regulado y no para sancionar a los acreedores que cobran de manera ilegal y usando la violencia, sino porque aquellos que se atrasan por cualquiera que sea la causa no necesitan que se les exponga y amenace, “pueden llegar a agredir y amenazar con embargar y presentan órdenes falsas con sellos del Poder Judicial para amedrentar y es un agravante utilizando sellos falsos”.
La diputada está interesada en que los deudores víctimas de este tipo de cobros amenazantes y fraudulentos, tengan la oportunidad de defenderse: “si están yendo a golpearme e intimidarme con pistola en mano, el requerimiento firmado por un cobrador por el sello judicial”, deberán “tener la vía legal para poder denunciarlos ante la Fiscalía”.
Espera que los diputados tengan a bien analizar todos estos argumentos para hacer una ley que frene a que aquellos que ofrecen un servicio de algún préstamo y después pretendan cobrarlo por medios coercitivos.
Entonces ahora lo que interesa es que esto se vuelva una ley para las deudas se paguen y se lleguen a acuerdos legales, pero de ninguna manera ejercer presión de forma violenta o atosigarlos a tal grado que prefieran cambiar de domicilio y hasta abandonar el estado por el temor que les generan las amenazas.
