Yolitzin Rodríguez:

Por Benny Díaz

Fotografía relevante a la nota.

Yolitzin Alelí Rodríguez Sendejas (Foto: Página 24)

La diputada Yolitzin Alelí Rodríguez Sendejas declaró en entrevista colectiva que “vamos a estar muy pendientes” de que la nueva titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María del Rocío Gema Montero Valencia, “no se quede sin dar seguimiento a todos los procedimientos que tienen que avanzar, pues no debe haber rezago; es muy importante que sigan su curso cuando hay actos de corrupción”.

Según lo que ella sabe, “Jorge Mora tenía una lista de procesos con situaciones importantes, sin embargo, no puedo puntualizarlos; no podría hablar de situaciones en específico porque no puedo violar el debido proceso. La nueva titular tiene los tiempos y las personas para que dicha dependencia continúe con el trabajo y que sigan avanzado”.

De acuerdo a lo que dijo la diputada, el nombramiento de María del Rocío Gema Montero Valencia no es oficial, pero esa fiscalía no puede quedar acéfala y mucho menos que se detengan los procesos que hay en contra de quienes han caído en actos de corrupción.

“Que se sigan atendiendo y hay que invitar a la ciudadanía para que sepa que hay una dependencia importante y que denuncien a cualquier funcionario público que nos percatemos que tenga una situación y advirtamos actos de corrupción”.

Es tiempo de esperar y confiar en que María del Rocío Gema Montero Valencia cumpla con el cargo que le fue otorgado para que no haya expedientes atrasados o que no avancen, porque se trata de combatir la corrupción y que sea quien sea, si se le comprueba que hubo ese delito, pague por el abuso de recursos públicos.

Entre los casos más mediáticos de Jorge Humberto Mora, quien renunció el pasado día 15, fue haber llevado a juicio a exregidoras como Karla Cassio y Hazel Montejano, así como a Francisco Javier Chávez Rangel, extitular del IEA, por haberle pagado 7 millones de pesos a Juan Collado por “defenderlo” de un proceso en el que no hizo absolutamente nada.

En los tres casos no hubo sentencia porque se hizo la “reparación del daño” y en el caso de las exregidoras se pagó al Municipio el dinero que destinaron para que les asearan su casa y que le quitaron a sus colaboradores.