“CNDH Actúa en Contra”
Por Benny Díaz
Manifestación en el Congreso del Estado (Foto: Página 24)
Activistas de varias asociaciones civiles se manifestaron en la puerta del Congreso del Estado para exigir a los diputados que se apruebe y aplique la iniciativa nacional de 3 de 3, para que sea una ley en donde “acosadores sexuales, violentadores en razón de género y deudores alimentarios no puedan acceder a un cargo público”, explicó Mabel Haro, de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de Igualdad de Género.
Se hizo esto en 14 estados del país porque en Yucatán, luego de ser aprobada, sencillamente no la acataron y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) actuó contra la resolución, pasando por encima de los derechos de las infancias y mujeres violentadas o acosadas.
Si desde 2018 el INE aprobó esto, los Congresos locales deben validar y aceptar que ninguna persona con algún tipo de denuncia o sentencia por violencia en razón de género, acoso sexual o deudor alimentario pueda desarrollarse en un cargo público.
Mabel Haro fue clara al decir que apelan a los tres niveles de gobierno que están obligados a respetar, vigilar y garantizar los derechos humanos de ciudadanos y, sobre todo, la ley que protege a niños, niñas y adolescentes.
En Aguascalientes esto es impulsado por la diputada Sanjuana Martínez, del PRD, para que desde el Congreso local se aplique esta ley de 3 de 3 para los que aspiren a un puesto político.
En el caso de Yucatán, la CNDH actuó en contra de esa resolución y por eso “en Aguascalientes rechazamos esto porque en el país hay 10 millones de mujeres que son jefas de familia y enfrentan las dificultades para llevar a cabo esa tarea, además que como estado no se puede apoyar en lo absoluto a delincuentes de delitos que están especificados en los códigos civiles y penales”.
Lamentó que se vaya en contra de las infancias y las mujeres que sufren de violencia económica, por eso hay que tener registros exactos con bases de datos de cuántos deudores de pensión alimenticia hay, los que están sentenciados, los que no cumplen y los agresores de mujeres que deberían estar cumpliendo una condena y pagando el resarcimiento del daño para la víctima.
