Acredita 40 Casos de Tortura en el Sexenio Pasado
Por Benny Díaz
Guillermo Fernández-Maldonado Castro y Alan García (Foto: Página 24)
Felipe de Jesús Muñoz Vázquez no actuó sólo en las torturas ejercidas entre 2010-2014, Carlos Lozano de la Torre, como su superior, también es responsable porque no actuó en consecuencia para sancionar, al contrario, encubrió, como lo hicieron otros entes gubernamentales y personas que secundaron dichos actos. A tres años de distancia de la recomendación 17VG/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “hay impunidad porque nadie ha sido llamado a rendir cuentas”, pronunció en conferencia de prensa Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
En el evento organizado en un salón del hotel Francia, estuvieron algunas de las víctimas y sus familiares, a quienes a partir de ese momento se les debe respetar su situación para no ser expuestos si ellos no lo desean, ya que además del sufrimiento físico y psicológico que sufrieron también se les trató mediáticamente como delincuentes sin serlo.
El representante de ONU-DH dio a conocer el informe Hasta Perder el Sentido, en donde se confirma que encontraron “hallazgos públicos y reconocemos la tortura, por eso hago un exhorto a que se respete la identidad de las víctimas porque es un tema delicado”.
Calificó como valientes a quienes decidieron hablar y permitir que ONU-DH documentara sus casos y en retribución se les debe regresar su dignidad como sobrevivientes de los actos de tortura a los que fueron sometidos. Además “valoro positivamente la voluntad de Enrique Morán Faz para revisar el informe y actuar en consecuencia para atender y garantizar la no repetición de estos hechos”.
La ONU-DH pretende contribuir con el informe Hasta Perder el Sentido a “quitar los obstáculos para emprender los desafíos para todas las personas de la función pública que brinden el apoyo que marcan los protocolos internaciones a las víctimas de tortura y un firme recordatorio de manifestar que con esos hechos se transgrede la dignidad, integridad física y mental con dolores y sufrimientos graves, en ocasiones irreversibles; por ello, debe de haber prohibición absoluta en todo el mundo porque no hay ninguna razón que justifique en México, y en este caso Aguascalientes, el acceso a la verdad y la justicia a los sobrevivientes de tortura”.
También habló del trabajo que costó realizar la investigación de estos hechos en donde se pudo comprobar que tanto hombres y mujeres, entre las agresiones que sufrieron estuvo la tortura sexual.
40 Víctimas
Si la CNDH en su recomendación documentó sólo a 19 víctimas, ONU-DH pudo documentar 40; de ellos son 33 hombres y siete mujeres que fueron sometidos a todo tipo de vejaciones y maltratos en el periodo de 2010-2014 “ocurridos y sin ser atendidos debidamente dejando afectaciones serias y los responsables no han rendido cuentas ante la justicia. Las víctimas no han recibido la reparación integral y el tiempo transcurrido no resta relevancia a estos casos, lo que hace más preocupante que no hayan recibido la atención inmediata de las autoridades de Aguascalientes, especialmente cuando existe una recomendación y en todos los casos hubo impunidad y ninguno de los perpetradores ha sido llamado a rendir cuentas”.
Por esa impunidad y omisión, “la mayoría sigue privada de su libertad ante la falta de atención de estos organismos. Las personas que sobreviven a esto todos los días padecen secuelas persistentes y agravadas por la falta de justicia, malos tratos que hacen las autoridades y que incurren en responsabilidad al no rendir cuentas cuando pueden hacerlo y evitarlo, pero no lo hicieron”.
Tortura Sistemática
Lo que ONU encontró es que en el periodo de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, a quien no mencionaron por su nombre, ni a ningún otro de los responsable, sólo por su cargo, “facilitaron la tortura de manera sistemática para destacar la procuración de justicia incompatible con los derechos humanos, de la entonces procuraduría de Aguascalientes ante el ejecutivo federal en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada con la acusación de corrupción y coptación de elementos de las policías municipales y estatales como parte de promover como necesaria la mano dura. Y es claro que así no se combate la inseguridad ni abonan a que haya mayor confianza en las instituciones”.
Pero peor aún, “la falta de controles de rendición de cuentas de la procuraduría de justicia de Aguascalientes con esto extendió un cheque en blanco al procurador para que lograra resultados en el combate a la delincuencia a cualquier costo, pasando por encima de todos los derechos y expresión de dignidad de las personas detenidas causándoles sufrimiento excesivo con el arraigo para ocultar la tortura”.
Esto además “tuvo un grave efecto de opacidad porque se contaba con el espacio idóneo para otros abusos sin ningún mecanismo de control y rendición de cuentas, además de exhibir ante los medios de comunicación y filtrar información de los casos de los acusados que fue difundida íntegramente sin escuchar las voces de los sobrevivientes de tortura y sus familias en una percepción engañosa de combate a la delincuencia”.
Por eso la tortura se hacía de forma sistemática “a docenas de detenidos para obligarlos a confesar delitos que no cometieron y exhibirlos en medios de comunicación vulnerando el principio de presunción de inocencia, condición muy seria que Aguascalientes hasta el día de hoy mantiene. Y es una doble injusticia porque sufren graves abusos de parte de los funcionarios que torturaron por delitos que no cometieron las víctimas y por eso tienen derecho a que rindan cuenta ante la justicia y no fabriquen culpables”.
Las Amenazas
No sólo eso tuvieron que pasar los torturados, además de todo lo que les hacían sus verdugos ONU pudo documentar que hubo “amenazas de ministerios públicos, jueces, defensores de oficio y magistrados en el contexto de inhibir lo que pretendían denunciar haber sufrido en la procuraduría. Y hubo una total falta de investigación independiente e imparcial que a la fecha sigue sin hacerse y no hay ningún responsable procesado y sancionado por torturar”.
Al no existir esa imparcialidad en la ahora Fiscalía, “se exige iniciar nuevas investigaciones que sean efectivas e incorporen los estándares internacionales de derechos humanos y tengan justicia con el proceso de los responsables”.
Como la violencia sexual también fue sistematizada se hicieron los análisis en perspectiva de género y también “implica proveer atención ginecológica para que haya peritajes médicos y psicológicos en donde no se reintegre ni revictimice a la persona”.
Otra falta fue que se permitiera algo tan “deleznable como el intento de obstruir la recomendación de la CNDH para socavar su efecto por parte de un alto funcionario (Felipe de Jesús Muñoz Vázquez) a través de un juicio de amparo que tuvo consecuencias por dos años para impedir la publicación de la misma en la página web y la no investigación de los casos de tortura, por eso ahora el Poder Judicial de la Federación revirtió esto para que la recomendación (17VG/2019) tenga todos los efectos positivos”.
Los casos de tortura “no fueron aislados, fueron actos planeados, coordinados y realizados por funcionarios de la procuraduría estatal y participaron diversas estructuras internas: policías ministeriales, ministerios públicos, médicos adscritos a la institución y algunos son corresponsables”.
Se hizo un contexto “que fue la tormenta perfecta para esa práctica con consecuencias graves para las víctimas y el gobierno de Aguascalientes no dio real dimensión ni atendió los casos de esta gravedad”.
Lo que se Pide
Por todo esto, ONU-DH “pide al gobierno de Aguascalientes la reparación integral para las víctimas sobrevivientes, investigar en un plazo razonable con los estándares internacionales los actos que incluyen una sistematicidad con responsabilidad penal o administrativa que arroje dicha investigación y determinar también la responsabilidad que podrían tener los superiores jerárquicos (Carlos Lozano de la Torre) de la procuraduría estatal y el posible encubrimiento y obstrucción de la justicia favoreciendo el ocultamiento de la verdad para el esclarecimiento de los casos”.
Además de un “plan de investigación de los patrones sistemáticos de los actos de tortura y cómo y por qué ocurrieron dichos delitos con la revisión y antecedentes del personal que sigue en la ahora Fiscalía vinculados a actos de tortura y que como servidor público no tenga beneficios en pruebas o razones de impunidad. Cumplir con la recomendación de la CNDH y el informe sobre todo esto no debe ser objeto de represalias, porque ONU-DH va a participar en el seguimiento para que no sea un tema que pueda presentarse”.
El representante del alto comisionado dijo que es una nueva oportunidad para saldar la deuda con las víctimas y se debe aprovechar para que se les haga justicia, por eso “ONU invita a las autoridades del estado a trabajar de la mano y que se erradique de una vez por todas la tortura. Nosotros refrendamos el compromiso de seguir brindando asesoría al estado mexicano porque esto se debe de cumplir con las autoridades de Aguascalientes actuales y las venideras”.
Felipe no Puede ser Funcionario
En la sesión de preguntas, Página 24 cuestionó lo que pasaría si el informe Hasta Perder el Sentido corre la misma suerte de la recomendación de la CNDH, que fue aceptada por Jesús Figueroa Ortega, pero se empolvó por años y no se hizo absolutamente nada, al contrario, la ministerio público que estaba a cargo maltrataba a las víctimas.
“En el ámbito internacional todas las recomendaciones no tienen carácter vinculante –dijo el representante del alto comisionado-, utilizo esta analogía: cuando alguien va al doctor y éste le dice al paciente que tiene un pulmón colapsado y deje de fumar y que tome medicina, si no lo hace entonces se va a poner peor. Nuestro informe no es sólo para Ginebra o para que se quede en un librero, las autoridades tienen que actuar y el estado garantizar el derecho institucional. Facilitar no siempre es fácil si no hay voluntad política y no interesa que tenga recurso o la capacidad técnica, el primer paso es la voluntad política. Por eso hacemos el llamado a que hay que actuar con la evidencia no con recomendaciones, y por supuesto que daremos seguimiento y si no se cumple o atiende lo vamos a decir siempre. Es una etapa inicial, digamos de bajo perfil, diciéndoles qué pasa, pero nosotros también rendimos cuentas a las personas que nos han dado su testimonio y estaremos recordando ya a instancias internacionales y a todas las autoridades de la entidad federativa para que se den resultados haciendo el trabajo todos juntos y no en decisión de una sola persona”.
Esta casa editorial cuestionó si el principal actor de la tortura, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, puede ser funcionario público, como lo andan “promocionando” para que ocupe un cargo en la próxima administración.
“En todos lados a veces son demasiadas autoridades y pocos servidores públicos y el estado debe ser garante. Hay que ver los filtros adecuados y ninguna persona vinculada con haber vulnerado los derechos humanos de otros (torturado), sino todo lo contrario, no puede ser servidor público. Si se cumple con ese filtro y se está proponiendo para la fiscalía en términos generales dentro de la función pública, mínimo exigir que el servidor público sea garante de los derechos”.
