“Urge Hacer un Censo”
Por Benny Díaz
Adriana Jurado Valadez (Foto: Página 24)
Adriana Jurado Valadez, directora del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Aguascalientes, dio a conocer que “se estima que hay 300 mil huérfanos de padre, madre o ambos, por COVID”.
Como sólo es un estimado, la funcionaria dijo que es necesario que gobierno federal destine recursos para llevar a cabo un censo y así obtener la cifra exacta, ya que son personitas que sufrieron un impacto emocional muy fuerte y requieren atención para poder superar su pérdida.
Por eso cuando estuvo en el Senado como suplente de Martha Márquez Alvarado presentó un punto de acuerdo para esto, pero también para que SIPINNA, el sistema DIF y todos los entes que tengan que ver, hagan lo necesario para brindar el apoyo y contención a quienes han sufrido daño emocional.
“Unificamos los criterios para la atención de salud mental porque es innegable que resultaron afectados en sus emociones. Y según las estimaciones de la Red Mexicana de la Infancia, a nivel nacional hay 300 mil huérfanos de padre, madre o ambos”.
Por eso exhortó al presidente de la República a convocar una sesión extraordinaria para que se lleve a cabo un censo con recursos públicos, porque con el programa DIF Nacional que se baja a los DIF estatales sí hay apoyos económicos para los adolescentes huérfanos, pero de partes, eso quiere decir que acudan a solicitar ayuda a dicho ente, y lo que se trata es que el apoyo les llegue a los dos.
Hasta el momento no ha habido respuesta “y aún esperamos, pero más que sensibilidad de la máxima autoridad es su obligación”.
Jurado Valadez dijo que la violencia hacia niños, niñas y adolescentes es culpa de todos: “las instituciones, padres de familia, sociedad. Y más que criminalizar y echar culpas, hay que hacer conciencia todos los adultos del mundo que los menores son nuestra responsabilidad. Los tratados internacionales y la Constitución, como la ley general del estado, dicen que los adultos somos garantes de sus derechos y el Estado Mexicano está obligado a procurarles protección, como está suscrito en la Convención del Niño. En todo México hay procuradurías de protección y para los SIPPINA’s fue un logro pasar el año, porque dice la ley que debe haber recursos suficientes para los estados y hay municipios en donde no tienen instalaciones dignas, ni siquiera computadoras”.
