Afectó Nuestros Derechos: Javier Espinosa Granados
Por Mónica Cerbón
Javier Espinosa Granados (Foto: Archivo Página 24)
Integrantes del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia en Aguascalientes acusaron a la Comisión Estatal de Búsqueda de violaciones a la ley tras un operativo para localizar a personas con denuncia de desaparición realizado en la comunidad de San Marcos, ubicada en el municipio de Loreto, Zacatecas, a una hora de la capital aguascalentense.
A la búsqueda no fueron invitadas ni las familias integrantes del Colectivo –el único que existe en la entidad–, ni la Fiscalía General de Aguascalientes, incumpliendo con lo establecido en la legislación local y nacional en donde se ordena tanto la participación de las víctimas en los operativos de búsqueda, como de las autoridades ministeriales.
El operativo, que tuvo lugar el pasado viernes 13 de mayo, fue relacionado con un caso ocurrido en la capital de Aguascalientes en 2007, donde fueron desaparecidas nueve personas que se encontraban al exterior de un antro conocido como Maverick.
El comando armado que las secuestró salió del estado rumbo a Zacatecas de acuerdo con cámaras de videovigilancia. Hasta el momento ninguna de las víctimas ha sido localizada y durante la búsqueda no se registró ningún hallazgo, según lo informado por las autoridades aguascalentenses a las familias del Colectivo.
“El protocolo homologado, la Ley General de Víctimas, la Ley General en materia de Desaparición Forzada y los ejes rectores del Comité de Desaparición Forzada de la ONU establecen que las familias de personas desaparecidas deben de ser tomadas en cuenta al inicio, durante y después de los operativos de búsqueda, lo que ocurrió fue una violación a nuestros derechos.
No se nos garantiza nuestro derecho a la participación ni el derecho de acceso a la información”, explicó Javier Espinosa Granados, padre del joven Javier Espinosa Almanza, una de las víctimas desaparecidas en 2007 al exterior del antro.
Por ejemplo, el párrafo 386 del Protocolo Homologado de Búsqueda señala que: “Las y los familiares de personas desaparecidas podrán ejercer su derecho a la participación en las actividades de prospección, lo cual incluye ser tomados en cuenta durante las fases de planeación”.
Por las omisiones, las familias del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia analizan la posibilidad de presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHA).
Espinosa Granados explicó que, de acuerdo con información a la que tuvo acceso, la Comisión de Búsqueda aguascalentense participó en el operativo luego de datos obtenidos a través de reportes anónimos.
Por su parte, integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda justificaron que no se sumó a las familias por la imposibilidad de brindarles medidas de seguridad, sin embargo, el operativo fue escoltado por elementos de la Guardia Nacional y contó con la participación del Colectivo Familias Unidas en Busca de una Esperanza, oriundo de Zacatecas, así como integrantes de la Fiscalía de este estado. El operativo corrió a cargo de Jorge Nieves Cárdenas, jefe de búsqueda en la Comisión Estatal. (apro)
