“Ante Osfags y Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito”
Por Benny Díaz
Integrantes de Línea Exprés demandarán al gobernador y otros funcionarios (Foto: Alejandro Ruiz Hernández)
Se avecina un pleito de grandes dimensiones, ya que puede llevar meses encontrar una solución. Los concesionarios de la llamada Línea Exprés anunciaron en conferencia de prensa que presentarán una demanda “en contra del gobernador, Ricardo Serrano, coordinador de Movilidad y Andrés Díaz Larios, titular del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes (Sifia) por faltas administrativas y actos de corrupción”.
El problema tiene tiempo, ya que dicha empresa fue sacada del proyecto de movilidad del gobernador en pleno proceso de cambio de la modalidad de concesionarios particulares a conformar una empresa moral para que puedan dar cabida a ADO, a quien se le entregará el manejo del servicio de transporte público.
Carlos Alberto Guevara, socio y uno de los asesores jurídicos de Línea Exprés, manifestó que “consideramos ilegales las acciones de desactivación de 86 unidades que nos sacaron para brindar servicio. Cumplimos con todos los trámites de las convocatorias de gobierno del estado y la coordinación de Movilidad, como la compra de unidades que funcionan con gas natural y como ni así se respetaron, entonces vamos a presentar la queja ante el Órgano Superior de Fiscalización (Osfags)”.
El representante jurídico manifestó que la denuncia se interpuso pon considerar “que existen actos que constituyen faltas administrativas graves y corrupción cometidos tanto por el gobernador, Ricardo Serrano y Andrés Díaz Larios, entre otros servidores públicos”.
La presentan ante el Osfags porque “es competente para conocer el trámite de nuestra denuncia de revisar las cuentas públicas del programa de movilidad. Pueden investigar no sólo a los funcionarios públicos, sino también a particulares, y si hay un delito se da vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”.
Que hicieran esto justo cuando estaban en el proceso de migración de personas físicas a un sistema multimodal para convertirse en persona moral, a Línea Exprés le provocó daño patrimonial y económico “de grandes dimensiones”.
Y todo esto se hizo –dijo- para beneficiar a ADO por “el conducto de su representante Juan Pablo Fernández”.
Resaltaron que ellos han participado en todo el proceso de modernización del transporte público colectivo urbano y tan fue así que los incluyeron en los subsidios para la adquisición de la compra de 54 unidades de procedencia china, fabricadas de origen, y cuyo consumo es gas natural, “por ende cuenta con los certificados de ser bajo en emisiones para el sistema de financiamiento que otorgó los créditos correspondientes”.
Al dejarlos fuera “dejamos de percibir ingresos económicos. Sin el cobro de pasajes es imposible seguir cumpliendo con todas las obligaciones, incluyendo desde luego el pago de créditos otorgados por el Sistema de Financiamiento de Aguascalientes (Sifia)”.
Carlos Alberto Guevara dijo que los concesionarios de línea exprés tienen como única fuente de ingreso dichos camiones, por lo tanto no hay dinero para cubrir los pagos de créditos y la prestación de servicio público. Y que les sigan exigiendo los pagos cuando no les permiten trabajar es “inconcebible e ilegal, sin contar con el hostigamiento que ejerce Sifia sobre nosotros”.
Lo que hacen es enviar oficios para la cobranza de dichos créditos por la vía judicial, “siendo el caso que ha sido gobierno del estado el que ha dejado de cumplir”, porque sacó sus unidades de circulación.
Al inhabilitar a línea exprés “también afectaron de manera grave el servicio de transporte urbano en la entidad, ya que se afectó a los usuarios y su economía porque ese día (que impidieron que sacaran los camiones con la policía estatal), hubo personas que no pudieron llegar a trabajar al no contar con el dinero suficiente para pagar taxis o uber”.
También denunciaron que “gobierno federal pretende arrebatar a línea exprés luego de obligarlos a adquirir unidades nuevas con un proceso de modernización de transporte para otorgárselos, con actos simulados, a una empresa ajena aprovechando el sistema de migración integrado por el transporte público multimodal que es Sigma”.
Además del Osfags, “vamos a interponer un amparo directo. Estamos en tiempo y forma para impugnar esa sentencia dictada por la sala administrativa del Poder Judicial del Estado, y lo haremos ante el Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito y otra ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)”.
Dejaron claro que seguirán defendiéndose por la parte jurídica “y nunca es tarde para empezar a destapar actos de corrupción de parte de las autoridades que no toman en cuenta las leyes y las usan a su favor. Pretendemos que en Aguascalientes vaya cambiando en eso y que los actos jurídicos sean legales y no se afecte la economía de nuestra empresa”.
