Por haber realizado un “levantón” en el fraccionamiento La Ribera, San Francisco de los Romo, fueron detenidos y vinculados a proceso el expolicía ministerial José Édgar “N” “N” y su compinche Eduardo “N” “N”.
De acuerdo con la carpeta de investigación, alrededor de las 16:00 horas del martes 8 de junio de este año, los dos delincuentes, junto a otros dos aún no identificados, arribaron a una casa de dicho asentamiento, a bordo de un automóvil Nissan Versa gris, con placas del estado.
José Edgar, con vestimenta policiaca y ostentándose como “jefe” de la Policía Ministerial, descendió del vehículo para tocar al portón del domicilio hasta que abrió una persona y se metió al igual que Eduardo.
Los criminales, a punta de pistola y amenazas de muerte, sacaron a un sujeto y lo subieron al automóvil, donde en varias ocasiones el exministerial le colocó una bolsa de plástico en la cabeza intentando asfixiarlo, además de golpearlo junto con sus compinches.
Además, José Édgar mencionaba que contaba con un cargo de alto nivel en la Policía Ministerial, incluso, le dijo que lo llevarían a un terreno para darle “chicharrazos”, fingiendo hablar por radio: “preparen agua mineral con sal”, amenazando a la víctima que le pondría el vital líquido en la nariz para que le dijera todo lo que él quisiera.
La estuvieron torturando física y sicológicamente hasta minutos después de las seis de la tarde del día siguiente, en que liberaron a la presa.
Tras la denuncia presentada por el afectado, elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro iniciaron con las indagatorias y establecieron que José Édgar en todo momento se ostentó y utilizó vestimenta como miembro de la Comisaría General de la Policía de Investigación, a pesar de que hacía más de 15 años fue cesado.
Asimismo, privó de la libertad al ofendido con el fin de obtener información de él y de su familia, utilizando incluso una copia de un documento confidencial, siendo evidente que ejerció actos propios de un servidor público ostentándose como tal.
José Édgar y Eduardo fueron vinculados a proceso por el juez de Control y Juicio Oral, por los delitos de privación ilegal de la libertad y ejercicio indebido del servicio público, quien ordenó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y fijó el plazo de dos meses para el cierre de la investigación.
