Ahí le Hablan, Jesús Figueroa Ortega
Por Benny Díaz
Juan Pablo Castañeda Pacheco (Foto: Juan Fernando Reyes Ortega)
Amigos de José Rodrigo Rivapalacio Ortiz, mejor conocido como “Cancha”, exigen que se haga justicia al artista, ya que murió a causa de las heridas sufridas al ser atropellado en febrero pasado en la esquina de López Mateos y 16 de Septiembre, cuando iba a trabajar como músico en un bar, porque “no fue un accidente, sino un vil asesinato”.
Juan Pablo Castañeda Pacheco, amigo y miembro de la comunidad artística de Aguascalientes, misma a la que pertenecía “Cancha”, dijo en entrevista que están totalmente decepcionados y, sobre todo, enojados de lo laxa que puede ser la justicia, ya que para unos es muy dura y les cae todo el peso de la ley por no tener dinero suficiente para defenderse, mientras que para otros es demasiado suavecita y los jueces casi terminan pidiéndoles perdón por haberlos molestado.
Y es que resulta que aquel fatídico día Andru Ricardo (del que obviamente las autoridades no dieron a conocer su apellido para no exponer su nombre completo en los medios de comunicación) anduvo de parranda “consumiendo alcohol y otras sustancias, conduciendo una camioneta de lujo, (Hummer modelo 2005). Desde varias horas antes las corporaciones policiacas tuvieron denuncias de que andaba haciendo desmanes en otro lado, pero no lo detuvieron ni lo molestaron”.
Cerca de las 8:00 de la noche José Rodrigo cruzó la avenida López Mateos porque iba caminando rumbo a su trabajo, cuando el alcoholizado y drogado Andru Ricardo lo atropelló. Ahí queda demostrado que la embriaguez embrutece, pero también saca lo cobarde, porque el junior de apenas 23 años escapó cuando se dio cuenta de lo que hizo.
El músico fue llevado a la clínica San Juan, donde estuvo internado, inducido al coma y al practicarle una delicada cirugía falleció.
Después de la tragedia, en uno de esos golpes de suerte que dan cuando “investigan”, los ministeriales dieron con Andru Ricardo por una arteria del Puertecito de la Virgen, pero hasta días después y en un gran operativo lo detuvieron y lo presentaron a la prensa para dar a conocer su mérito y colgarse la estrellita de que no se les escapa nadie.
Para entonces, Andru Ricardo ya no andaba ni borracho ni drogado, entonces le bajaron muchas pruebas para procesarlo, porque para esas horas ya andaba más fresco que una lechuga.
Lo protegieron para que no se le viera la cara y ni siquiera con el “uniforme” naranja que les ponen a los detenidos. En la Fiscalía lo trataron con toda delicadeza y amabilidad.
Como no quedaba de otra, lo mandaron a un juzgado penal, lo vincularon a proceso e hicieron todo el teatrito de dejarlo detenido unos días. Cuando comenzó la hora de la verdad, como siempre sucede, la carpeta de investigación que hizo el flamante ministerio público de la Fiscalía pues nomás no estaba “bien fundamentada”, y más rápido que inmediatamente Andru Ricardo fue dejado en libertad libre de toda culpa.
Y una de las atenuantes que tuvo el alcohólico es que el deceso de la víctima –según el amigo de “Cancha” –, no fue en el lugar de los hechos, sino días después en la clínica.
Por lo tanto, pudo haber fallecido hasta porque le pusieron una inyección con alguna jeringa chueca y no por las heridas que le causó el borracho que lo atropelló.
Por eso la comunidad artística de Aguascalientes, en voz de Juan Pablo Castañeda, exige a los diputados que hagan leyes de acuerdo a los delitos y no a conveniencia, porque en lugar de ponerse a estudiar y pagar los jugosos sueldos a sus asesores y también los que ellos reciben, que los desquiten y no le hagan como que trabajan.
Son muchas las víctimas que se quedan sin justicia precisamente por esas lagunas en las leyes o porque de plano están hechas con los pies… o a conveniencia.
Y ya de la Fiscalía mejor ni hablar, porque ahí los ministerios públicos sirven para dos cosas: no trabajar y tratar con la punta del pie a la gente, como si estuvieran haciendo un favor por atender a quienes en realidad les pagan con sus impuestos.
Los jueces se lavan las manos de que no pueden hacer más si los ministerios públicos los dejan “sin armas” al integrar las carpetas, peor que un estudiante de primer semestre de la carrera de Derecho.