Al Quedar Libre el Policía, su Concubina Corre Peligro: Eric Monroy
Por Benny Díaz
Eric Monroy Sánchez
Al dejar en libertad al excomandante Francisco Javier Luna Rivera con la condición de que se someta a tratamiento psicológico y deje de beber, “es algo que no va a cumplir y claro que su víctima (la concubina) y su familia corren peligro”, fueron las palabras del abogado Eric Monroy Sánchez, extitular del Comité Estatal Anticorrupción.
Aunque dijo que legalmente sí hay elementos suficientes para que el hoy policía preventivo esté gozando de su libertad porque existen una serie de requisitos para acceder a ese beneficio, sería aventurado de hablar de tráfico de influencias, pero lo que se debe de analizar es en “la actuación de la fiscalía, quien obviamente no integró la carpeta con los elementos de prueba necesarios para vincularlo a proceso y que no pudiera gozar de libertad condicional”.
El resultado del juicio oral depende mucho de cómo se integran las carpetas en la fiscalía y eso requiere de investigación.
“Hemos visto históricamente que muchos casos en la integración carecen de elementos de pruebas suficientes para vincular a proceso y que se queden en prisión preventiva y que luego tenga los datos suficientes para pensar que debería de continuar privado de su libertad”.
Reconoció que la ley de repente pone requisitos que “en la vida real no son posibles y evidentemente sí hay peligro para la integridad física de la ofendida y por su formación policial lo hace un sujeto peligroso por la preparación que tiene para el manejo de situaciones difíciles y que le pongan un requisito, no quiere que lo vayan a hacer y que rinda resultados que beneficien seguridad a la mujer. Me parece que el juez debió contemplar una medida mayor de restricción y no dejarlo nada más en las condiciones que las leyes establece, sin embargo se hizo una aplicación estricta a la justicia”.
Y es ahí es donde debió integrarse adecuadamente la integridad de la ofendida con los argumentos para protegerla.
La medida cautelar de no acercarse a ella en la realidad, consideró, “nadie se lo impide, no existen mecanismos tecnológicos para evitarlo y lo único que le queda a la señora es llamar a una patrulla a través del 911 para que sea retirado, pero evidentemente por haber sido un elemento policiaco dificulta que se pueda llevar a cabo con prontitud y eficacia”.
Y con este escenario “por supuesto que está en peligro las condiciones personales y se aprecia un grave peligro para ella y su círculo familiar”.
No se trata de aumentar las penas, sino lo que resuelve el problema es insistir en que en fiscalía se integren las carpetas de manera adecuada, con datos de prueba vinculatorio a proceso que sean suficientes para privarlo de su libertad “que es la única posibilidad de mantener a salvo a la ofendida del ofensor y que sea ahí donde reciba el tratamiento, porque en prisión cuentan con un equipo técnico interdisciplinario para la medida, sostenimiento y reintegración social. Funciona bien, luego a veces cuando salen otra vez enfrentan el mismo problema, pero es en prisión donde deben poner esa atención”.
Y no se trata de que a los ministerios públicos de la fiscalía les haga falta preparación, porque hay algunos que cuentan hasta con maestría, sino que con el pretexto de que tienen 20 mil casos por resolver es el ideal para no hacer el trabajo como debe de ser, que es “agotar los medios de investigación con que cuentan para presentar una carpeta sólida al juez y que así puedan determinar en consecuencia”.
Desde la perspectiva del profesional en derecho, la clave de todo está “en el grupo de investigación de la fiscalía”, que obviamente no hace su trabajo con la calidad que se requiere, “ahora, esos investigadores dependen el ministerio público y si son buenos deben de exigir que aporten los elementos necesarios y que saben que existen porque los ofendidos los están diciendo para que se puedan integrar en las carpetas y dejar sin posibilidad al juez para que dejen en libertad a los infractores de la ley”.