No Tenemos Acusación Contra Enrique García López: Fiscal
*Karla Cassio se Atuvo a la Suspensión Condicional. A Paco Chávez no lo Podemos Investigar por la Estafa Maestra, por ser Delito Federal. Con la UIF se Intercambia Información Sobre Varios Casos
Por Benny Díaz
Jorge Humberto Mora Muñoz, fiscal especializado en combate a la corrupción (Foto: Juan Fernando Reyes Ortega)
El fiscal especializado en combate a la corrupción, Jorge Humberto Mora Muñoz, aseguró en conferencia de prensa que “en el caso de la diputada Natzielly Rodríguez Calzada, no pudimos determinar si existió algún acto irregular porque le otorgaron el perdón”, mientras que “contra Enrique García López –‘Quique Galo’– no tenemos ninguna acusación”.
El fiscal dejó claro que “son dos asuntos diferentes. Los dos casos surgen a finales de octubre, principios de noviembre, y los dos tienen que ver con trabajadores del Congreso. En el caso de Natzielly, es una denuncia presentada por algunos de los trabajadores. Apenas empezamos a trabajarla cuando más o menos hace una semana comparecieron las personas que se dicen afectadas, manifestando que habían llegado a un arreglo y otorgando el perdón a esa querella. Nosotros no pudimos determinar si existió algún acto irregular por parte de alguna persona o servidor público del Congreso del Estado. Simplemente esta persona presentó el perdón, y al tratarse de un delito de querella, no se continuó con la investigación”.
Se le cuestionó al fiscal si los implicados en el asunto de Natzielly Rodríguez también estaban involucrados en el de la exregidora Karla Cassio, a lo que dijo:
“Fueron dos personas, no recuerdo el nombre. Si uno de ellos estuvo vinculado, apareció como víctima, creo que sí en el que mencionan. En realidad, por la forma cómo se dio la denuncia, ni siquiera pudimos determinar el carácter de víctima que pudiera tener esta persona. Es curioso, se puede decir que la misma persona hubiera participado en ambas situaciones, pero no pudimos determinar si la legisladora fue imputada o posible responsable, incluso tampoco el carácter de víctimas, ya que se otorgó el perdón. Se dio un reembolso y se manifestó también que en el Tribunal de (Conciliación y) Arbitraje habían llegado a un arreglo”.
Jorge Mora descartó la intervención de algún otro diputado, específicamente de Karina Banda Iglesias, en este asunto, pues el perdón se otorgó dos o tres semanas después, “por lo que no hay ya nada por investigar”.
Los Medios Involucraron a Galo
En el caso específico de Enrique García López, el fiscal aseguró que “los medios han vinculado el caso de Enrique García. Nosotros no tenemos ninguna acusación que vaya en contra del diputado, ni en el cual se le señale. Sí hay una denuncia por parte de trabajadores que dicen que contrataron un seguro, que se les obligó, un seguro de vida. Refieren algunas irregularidades que estamos investigando (como el no recibir jamás una póliza), así como la intervención de algunas personas, pero nosotros no consideramos que haya hechos imputables a estas personas; y con base en las investigaciones, la comisión de algún ilícito. Se habla de la intervención de una empresa fantasma, pero nosotros tenemos que corroborar, porque la empresa puede no estar registrada en el estado de Aguascalientes, pero pudiera estar registrada en otro lugar. Precisamente estamos llevando a cabo esas investigaciones para determinar si existe alguna irregularidad en esa contratación; si es así, lo estaremos resolviendo a la brevedad”.
El fiscal de combate a la corrupción dijo desconocer por qué se menciona “al diputado Galo en la prensa, cuando en realidad se habla en la denuncia de varias personas”.
Tres personas han presentado la querella y “son los casos que estamos investigando en concreto, todas son extrabajadoras. De entrada, el problema es que la asociación civil (empresa) no se encuentra registrada en el estado, y sospechan que se trata de una organización fantasma. Sin embargo, nosotros queremos agotar los medios y saber si está registrada en otra entidad, estamos investigando. Podríamos estar resolviendo el recurso en unas semanas, un mes. El problema es que son diligencias en otras entidades federativas y no dependen de nosotros los tiempos, que se complican con el tema de la pandemia, al estar cerradas algunas oficinas gubernamentales”.
Al cuestionar si hay más legisladores implicados en este u otros casos, Jorge Mora dijo que “no tenemos ubicados en otra denuncia a personal del Congreso o contra diputados”.
También se le preguntó sobre el caso de la exregidora Karla Cassio, de quien dijo que optó por “una salida alterna de procedimiento a través de la suspensión condicional. Es un beneficio que otorga el Código Nacional de Procedimientos Penales a personas que no tienen antecedentes y en cuyos delitos la pena no sea de cinco años. Ella está por peculado y abuso de autoridad, en ninguno rebasa los cinco años”.
Fue así que está transcurriendo el plazo, “se reparó el daño a las víctimas y se hizo un pago entre particulares, también a juicio del Municipio se reparó el daño. Este caso prácticamente ya acabó y estamos esperando que transcurran los seis meses de obligaciones, ya que las principales a las que se comprometió, ya las llevó a cabo”.
En 2020, en la Fiscalía de Combate a la Corrupción se recibieron 39 nuevas carpetas, y en total desde la creación de dicho ente, han sido 165. De estos casos ya se han resuelto entre 34 y 35; cuatro con determinación de no ejercicio de acción penal, y “de 17 estamos continuando procedimientos de audiencias intermedias. El año pasado se obtuvo la primera sentencia condenatoria (para Hazel Montejano), y el resto de los procedimientos no son ordinarios”.
De estas carpetas, hay por lo menos seis de las que “esperamos se concluyan las investigaciones. Y espero que a más tardar en abril, recibamos la información correspondiente. Depende, en ocasiones, de los exhortos e informes de las autoridades porque se retrasa la información que se solicita. Estamos batallando porque por cuestión de la pandemia, en algunos estados se retrasan o también por sus tiempos”.
El fiscal también reconoció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le ha pedido información sobre algunos casos, pero no puede decir cuáles, en específico si se trata de Carlos Lozano de la Torre, por la secrecía de las investigaciones.
En cuanto a Francisco Chávez Rangel, el proceso sigue. Y una audiencia que tenían en enero se trasladó para principios de marzo. A él no lo pueden investigar por la estafa maestra, ya que eso corresponde a la justicia federal, sino sólo por el contrato que hizo con algunos despachos que lo representaron (específicamente el de Juan Collado), por el contrato que hizo con la Universidad del Carmen.