Andrés Manuel López Obrador (Foto: Galo Cañas/Archivo/Cuartoscuro)
Suman Facultades a Unidad Antiplagio
EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador ampliará facultades de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), instancia creada el sexenio pasado para actuar contra la trata de personas, además de los delitos de plagio, extorsión y aquellos vinculados a estas conductas delictivas, que desde 2014 atiende. El Mandatario tiene listo un decreto para crear la Coordinación Nacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que entre su nueva estructura contará con un Comité Especial de Seguimiento y Evaluación y una Unidad de Operación.
DE ACUERDO con el decreto, al que tuvo acceso El Universal, el Comité Especial de Seguimiento y Evaluación de las acciones para prevenir y erradicar el secuestro, extorsión y la trata de personas estará presidido por el titular de la Conase e integrado por un representante de la SSPC, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Guardia Nacional (GN) y dos integrantes de la sociedad civil, a invitación del titular de la SSPC.
“EL COMITÉ podrá emitir recomendaciones para el efectivo cumplimiento de la estrategia nacional antisecuestro y conocerá los informes que le presente el titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto”, además de que podrá invitar a participar a representantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), de la Fiscalía General de la República (FGR) o cualquier otro que determine el comité, quienes solo tendrán voz.
LA UNIDAD de operación, según el decreto, se conformará por elementos de la Guardia, que pasarán comisionados a la Conase, quienes tendrán a su cargo las operaciones y líneas de acción táctica contra las organizaciones criminales dedicadas al secuestro, extorsión, trata de personas y demás ilícitos vinculados. También tendrá entre sus funciones la de coadyuvar y brindar auxilio en el ámbito de su competencia a las unidades especiales antisecuestro de las 32 entidades del país, a fin de fortalecer el trabajo operativo en materia de investigación y persecución de los mencionados delitos.
AL FRENTE de la Coordinación Nacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto habrá un coordinador, quien será nombrado y removido por la persona titular de la SSPC. Tendrá a su cargo la integración y funcionamiento de un sistema único de información criminal que incluya por lo menos voz, imágenes y datos, en una plataforma tecnológica e informática que propicie mayor efectividad a las acciones de prevención, investigación, inteligencia, operación, sanción y erradicación del secuestro, extorsión, trata de personas y delitos vinculados.
ACTUALMENTE, LA Conase, a cargo de Víctor Hugo Enríquez García, dispone de 300 elementos operativos y más de 50 administrativos. Para el Presidente, la Conase es “un modelo de éxito” porque el delito de secuestro ha disminuido en los últimos años.
Buscan Reforzar Protección a la Niñez
EL SISTEMA Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) integró a su pleno a cuatro representantes de organizaciones sociales, quienes ayudarán a diseñar e impulsar políticas públicas en favor de los menores de edad. Luego de haber superado una fase de evaluación, los especialistas de cuatro asociaciones nacionales e internacionales formarán parte del pleno del Sipinna hasta 2025.
SE TRATA de Nancy Ramírez Hernández, de Save The Children; Dirk Glas Bes, de Plan Internacional México; Dora Daniela Dorantes Salgado, de Servicios a la Juventud, y Jennifer Haza Gutiérrez, de Melel Xojobal.
NANCY RAMÍREZ Hernández tiene una maestría en Política Pública Comparada, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y es directora de Incidencia Política de la organización Save the Children. Ha participado en la promoción de cambios legislativos en México, como la prohibición del castigo corporal, matrimonio infantil y armonización de leyes para protección de niñez migrante y refugiada. Dirk Glas Bes inició su carrera en 1991 en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en Ruanda, donde fue responsable del programa de Agua y Saneamiento Básico. En mayo de 2020 fue seleccionado para abrir operaciones de Plan International en México, organización de la sociedad civil que trabaja en la promoción de los derechos de la niñez.
DORA DANIELA Dorantes Salgado cuenta con la maestría en Política Pública Comparada, por la Flacso. Desde 2018 es directora General de Servicios a la Juventud, organización civil que trabaja para que las juventudes transformen a la sociedad en una más justa e incluyente. Jennifer Haza Gutiérrez es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana y diplomada en Derechos de la Infancia y Litigio Estratégico frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
ESTOS ESPECIALISTAS deberán trabajar en el Sipinna junto con funcionarios públicos de ocho secretarías de Estado y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), de las 32 entidades, de la Fiscalía General de la República (FGR), y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El Sipinna es una institución creada en 2015 por las exigencias de la sociedad civil de tener una institución que promueva leyes en favor de los niños, niñas y adolescentes de México. De manera provisional, Patricia Colchero Aragonés, experta en derechos de la infancia, será la encargada del despacho del Sipinna desde el próximo 16 de febrero, pues recientemente renunció Ricardo Bucio Mujica.
INM Mejorará Atención en Estaciones
EL INSTITUTO Nacional de Migración (INM) informó que se encuentra en un proceso de revisión y certificación de sus estaciones migratorias, con el objetivo de que en estos espacios se garanticen los derechos humanos de las personas extranjeras que ingresan a México. A través de un comunicado, el INM informó que dentro del proceso de revisión también se está capacitando en materia de derechos humanos a su personal, además de redefinir los espacios que se tienen disponibles y su conservación.
“EL OBJETIVO es mantener las condiciones humanitarias de dignidad y bienestar a las personas extranjeras que se encuentren alojadas en las instalaciones del INM, en tanto se resuelve su situación jurídica en el país”, expresó el instituto. La dependencia, a cargo de Francisco Garduño, indicó que en la revisión de sus instalaciones se han seguido las recomendaciones de organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“ENTRE LAS tareas de mejora que habrán de atenderse se contemplan: la infraestructura de estaciones y estancias, servicios básicos, personal migratorio y el procedimiento administrativo”, señaló el INM. Otro asunto que buscará atender es la prevención del COVID-19, pues la CNDH y organizaciones sociales han advertido sobre decenas de contagios al interior de las estaciones migratorias, sin que los extranjeros puedan acceder a servicios médicos adecuados.
SEGÚN LA Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), durante 2020 un total de 87 mil 260 personas extranjeras fueron presentadas ante el INM y después devueltas a su país de origen. Hondureños, guatemaltecos y salvadoreños fueron los más deportados el año pasado. De todas las personas que fueron devueltas a sus países, 11 mil 514 eran menores de edad. (Con información de agencias)