Para Proteger a Menores y Familias
Por Benny Díaz
El Congreso del Estado realizó sesión virtual
La diputada Elsa Amabel Landín Olivares propuso en la sesión virtual del Congreso hacer las modificaciones a la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social e Integración Familiar del Estado, para que haya un registro de deudores alimentarios y agresores sexuales.
En su exposición, la legisladora manifestó que hay dos tipos de violencia familiar: la que se hace directa en contra de niñas y mujeres, “que es grave en una sociedad evolucionada y que no debemos pasar por alto”, y la de tipo sexual y económico por incumplimiento de obligaciones de asistencia alimenticia.
Resaltó que los legisladores federales del PRI presentaron una iniciativa para crear el registro único de deudores alimenticios en el país, pero también de agresores sexuales, con el objetivo claro de garantizar la protección a menores y a las familias que hubiesen sido víctimas de estos delitos.
Es muy común –dijo– que cuando se da la separación de una pareja se incumpla con el pago de pensiones alimenticias. El hombre se rehúsa a hacerlo sólo por capricho, por el coraje o venganza contra la mujer que decide separarse, y la agrede en su patrimonio y economía para demostrarle que sigue siendo él quien decide la ruta que tomarán ella y sus hijos.
Elsa Amabel dijo que no se busca que el exmarido mantenga a la mujer, tampoco se trata únicamente de los alimentos, debe hacerse responsable de la posibilidad de que los menores estudien, vistan, tengan casa y seguridad social; pero el que tengan un sano desarrollo no se cumple, en muchas ocasiones, por el mero capricho del padre.
En cuanto a los agresores sexuales, tampoco existe en el estado un registro de los denunciados y sancionados por este tipo de delito en contra de mujeres o menores.
Sería la Fiscalía quien hiciera la homologación de registros, sobre todo de aquellos que por su trabajo pueden tender a realizar dichos actos en contra de otras víctimas y también en los espacios donde pasa de forma recurrente, como son escuelas, gimnasios, etcétera.
En ese registro se pondrá al agresor que haya cumplido su condena y que haya regresado a trabajar, como maestro, por ejemplo, en donde los menores corren peligro, y sencillamente al salir de prisión lo cambian de estado y le contratan en una institución.
También en la categoría de profesiones donde se tiene la forma de realizar actos de agresión sexual con facilidad, entre los que se encuentran consultorios de psicólogos, entrenadores de gimnasios y sacerdotes.
Estas personas “pueden ejercer nuevamente ese tipo de conducta en menores o mujeres en vulnerabilidad”.
Propuso que a los deudores alimentarios se les registre con su nombre, CURP, nombre del juez familiar que realizó la inscripción, fecha del último pago y que las autoridades visiten el DIF estatal con regularidad para llevar un control sobre éstos.
En el caso de los agresores sexuales, debe de integrarse una ficha con el nombre completo, alias, CURP, fotografía, el delito por el que fue condenado, la pena compurgada y fecha de libertad estipulada.
Esto sería actualizado de forma virtual, de conformidad a la información que la autoridad jurisdiccional competente tenga de acuerdo a los datos de los sentenciados que obren en el expediente.