“Cada Hora Mueren 23 Personas por Obesidad”
Por Benny Díaz
María de Jesús Medina Arellano, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
México es uno de los países que se ha convertido en foco rojo y motivo de estudio para científicos del mundo, debido a la adicción que tiene la mayoría de su población al azúcar, que se encuentra tanto en bebidas como en comida industrializada. Al momento de procesarse en el organismo se convierte en grasa y es motivo de obesidad, una pandemia que se mantiene junto a la de COVID-19, manifestó en rueda de prensa virtual María de Jesús Medina Arellano, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En el evento organizado por Alianza por la Salud Alimentaria dijo que en México hay más de 40 mil muertes al año que se atribuyen al consumo de bebidas azucaradas y cada hora mueren 23 personas a causa de la obesidad.
Esto, aunado a la pandemia de COVID-19, ha dejado al descubierto la importancia de que los estados tomen acciones contundentes para enfrentar las Enfermedades no Transmisibles (ENT), que pueden ser un factor determinante al momento del contagio por Coronavirus.
Medina Arellano declaró que “en el contexto de determinantes de la salud, y desde la perspectiva de la bioética, el principio de autonomía, garantizado tanto en el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados en materia de derechos humanos, se puede ejercer por las personas siempre y cuando se tenga información y opciones. En este sentido, la intervención del Estado en la adopción de medidas que impongan obligaciones al sector privado y puedan generar potenciales límites a la libertad económica, como es la obligación de incluir advertencias sanitarias en los paquetes, no sólo no entra en tensión con el referido principio, sino que se encuentra fundamentada éticamente en el deber de proteger la salud pública de la comunidad. El principio de beneficencia, que implica la obligación ética de hacer el bien a los demás, aunado con el de no dañar, fortalece la obligación del Estado de establecer medidas de salud pública que le permita cumplir con su deber ético y jurídico en cuanto a la protección de los derechos humanos interdependiente e indivisiblemente garantizados: salud, seguridad alimentaria, información y vida de la población”.
Por eso es importante que los estados enfrenten de manera proactiva e integral los factores de riesgo prevenibles de las ENT relacionadas con la dieta en el marco del derecho a la salud. Su obligación es proteger el derecho a la salud al regular las actividades de las industrias de alimentos y bebidas, para asegurar que transmitan información precisa, fácilmente entendible, transparente y comprensible sobre sus productos. Una de esas medidas es la adopción del etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas no saludables.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), presentó la evidencia sobre la importancia de esta política pública y declaró: “El sistema de etiquetado de advertencias es el que mejor cumple con la finalidad de ayudar a la población a identificar de manera correcta, rápida y fácil, productos que contienen cantidades excesivas de azúcares, grasas, grasas saturadas, grasas trans y sodio; las cuales están asociadas con las enfermedades que más matan y quitan años de vida saludable de la población en México y en las Américas”.
En este sentido, el etiquetado de advertencia a implementarse en México a partir del 1 de octubre del presente año, representa un logro en materia de salud pública y en la garantía de los derechos humanos, ya que se privilegia el derecho a la salud y a la información al alertar si un producto contiene exceso de azúcar, grasa, sodio, calorías o grasas trans; además de advertir a través de leyendas precautorias cuando un producto contenga cafeína o edulcorantes. Con la implementación del etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas, en nuestro país se podrían evitar 1.3 millones de casos de obesidad y se ahorrarían 1.8 mil millones de dólares en gastos de salud en un periodo de cinco años.
En México la industria de ultraprocesados y bebidas azucaradas ha emprendido una campaña para contrarrestar políticas de prevención contra la obesidad, como el etiquetado frontal de advertencia, argumentando falsamente que no existe evidencia científica que lo sustente y violaciones a acuerdos internacionales de comercio y propiedad intelectual.