Culpan al Municipio, al Centro de Bienestar Animal y a la SSPM
Por Benny Díaz
Exigen que se “haga justicia” a cuatro canes asesinados (Foto: Eddylberto Luévano Santillán)
Las asociaciones civiles Fortaleza Animal y Paraíso de Mascotas, junto con los abogados Francisco Guel Saldívar, Juan Pablo Ruiz de la Rosa y Carlos Villarreal Utrera, han emprendido acciones legales en contra del Centro de Bienestar Animal y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal “por el asesinato de cuatro perritos”, que aseguran han causado daños psicológicos a sus dueños. También exigen que los legisladores hagan leyes más duras para castigar a quienes caigan en delitos de maltrato contra esos seres vivos, como son las mascotas.
En conferencia de prensa expusieron que la muerte de Rango, Negrita, Soñadora y Junior ha sentado un precedente de violencia por parte de elementos policiacos municipales en contra de esos seres indefensos.
De esta manera dieron a conocer que emprenderán acciones para “exigir soluciones por las vías jurídicas, administrativas, penales y también ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA)”.
Francisco Guel Saldívar se ostentó como uno de los abogados de los casos y dio a conocer que ya interpuso una demanda en contra de Jessica Flores Macías, responsable de la perrera municipal, a quien acusan de secuestro.
Guel Saldívar calificó como “penoso” lo que ocurre en esa instancia municipal y aseguró que la denuncia se hizo ante el Órgano de Control Interno del Municipio de Aguascalientes. “La ley indica que se hizo de manera escrita y está firmada por Adriana Castañeda de la Cruz, en tiempo y forma, pero no hemos tenido respuesta porque el Municipio actúa con completa opacidad”.
El abogado dijo que exigen respuestas sobre los hechos que obran en la denuncia, también mencionó que se llevaron perritos por una supuesta denuncia y que se pide una cantidad “exorbitante” para regresar las mascotas a sus dueños. “No todos pueden conseguir el dinero. Cuando regresan ya no pueden hacer nada porque los animalitos son sacrificados”.
Aunque algunas mascotas han sido sacrificadas por supuestos errores humanos, “éstos también se deben castigar, aunque sea por negligencia o sin responsabilidad”.
Es por eso que la denuncia se hará también ante la Secretaría de la Función Pública porque jerárquicamente los del Órgano de Control Interno están supeditados y deben dar respuesta.
Los cinco o 6 mil pesos que cobran a los dueños por recuperar a sus mascotas “es excesivo”, y señaló que el caso que defiende es el de Rango.
Juan Pablo Ruiz de la Rosa lleva el caso de Soñadora y afirmó que ya hay una denuncia ante la Fiscalía porque la perrita fue atropellada intencionalmente por un policía municipal.
Dijo que fue un acto de crueldad y que ese hecho quedó expuesto de forma mediática, ya que se compartió el video en redes sociales. En él se puede apreciar que Soñadora estaba dormida, y “con la sangre fría de un criminal”, el elemento policiaco atropella a la mascota, además expresó que la maquinaria de la justicia actúa lenta.
Por eso se puso una denuncia ante la Fiscalía “y esperamos dé resultados, porque el agresor ha sido plenamente identificado y les rompió el corazón a sus dueños, a quienes se les causó un trauma de por vida y un odio inmenso para la autoridad”.
Y le mandó un mensaje “al maestro Figueroa, a quien aprecio y tiene mi respeto, pero él dijo que se buscará la forma de que se haga una unidad especial para que lleve este tipo de asuntos tan sensibles”.
Y –dijo– este caso lo es, porque se está haciendo una investigación contra un criminal y tuvo una “conducta repugnante y cometió un delito. El artículo 119 penal dice que quien daña a un animal de compañía es un delincuente y no puede ser que ande a bordo de una patrulla”.
Ruiz de la Rosa dijo que quienes subieron el video de este acto a Facebook han sido amenazados por los policías con fuertes actos de intimidación.
El abogado dijo tajante: “A mí no me van a amedrentar, y menos unos policías municipales, y vamos a dar seguimiento”.
Y manifestó que estos policías son criminales porque cometen actos salvajes contra los animales y sólo se les da de uno a tres meses de prisión, y lo peor es que de esto sólo pueden pagar una tercera parte.
Por eso dijo que los diputados deben de hacer leyes más severas para este tipo de delitos, porque los animales están desprotegidos. “Tengo mucha pena porque estamos ante regímenes políticos municipales solapadores. Creen que los animales no votan, pero quienes somos sus dueños, sí”.
También estuvo en la conferencia de prensa María Refugio Guerrero Silva, dueña de Junior, el perro que mordió a dos elementos policiacos cuando detenían a su hermano Sergio Guerrero Silva, y el animal fue balaceado por los guardianes del orden.
La mujer contó que no le permitieron auxiliar a su mascota, ni llevarla al veterinario. Llegó la perrera municipal y con engaños, le dijeron que lo llevarían a recibir atención, pero en realidad lo que hicieron fue sacrificarlo.
María Refugio dijo que fue golpeada junto con sus hijos por policías municipales, quienes los llevaron al C4, no los pusieron a disposición y los tuvieron por horas ahí; uno de sus hijos tuvo fractura en un brazo y a ella le negaron el medicamento para la diabetes que padece, lo que la puso mal de salud.
Por eso exige que se haga justicia. Los abogados presentes dijeron que “está protegida por nosotros”.