Ante la Crisis Provocada por COVID-19
Por Benny Díaz
Raúl González Alonso, presidente de la Coparmex (Foto: Archivo)
“Ante la crisis sanitaria que estamos experimentando, es imprescindible que el Gobierno Federal actúe de forma pronta y contundente para asegurar la supervivencia de las empresas y, en consecuencia, la preservación de empleos. Ante la contingencia sanitaria, las empresas se enfrentan a dos problemas principales: la caída en ventas y consumo (shock a la demanda) y cierre de su negocio o de sus operaciones para cumplir con las medidas sanitarias (shock de oferta)”, dio a conocer Raúl González Alonso, presidente de la Coparmex en Aguascalientes, de manera virtual.
“Ambos elementos –dijo– ocasionan una disminución inesperada en el flujo de efectivo con el que presupuestaron sus gastos. Una de las medidas más utilizadas ante una crisis de esta magnitud son los subsidios y apoyos al empleo. El objetivo de estas medidas es prevenir el despido de trabajadores, ante la falta de liquidez para pagar las nóminas. En el contexto actual, países como Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda ya anunciaron medidas de este estilo”.
Por eso hizo hincapié en que los empresarios las han incorporado de manera prioritaria, desde hace 20 años, a su agenda, para que sus trabajadores puedan sostener a sus familias; ahora especialmente por la contingencia sanitaria “estamos convencidos de que la prioridad es que conserven su empleo”.
Por eso es que hace una propuesta para que los trabajadores tengan salario solidario, ya que “en México hay 20 millones 600 mil trabajadores asegurados en el IMSS. Estos empleos les permiten a ellos y a sus familias contar con seguridad social, así como acceder a un salario 3.5 veces mayor al promedio de la informalidad. Sin duda, el panorama actual nos demanda garantizar la continuidad de aquellas empresas que generan empleo formal. Por ello, proponemos la siguiente propuesta: Salario Solidario, en la que juntos, patrones, gobierno y trabajadores, colaborarán para preservar el empleo durante esta contingencia”.
González Alonso explicó en qué consiste el salario solidario: “Es un salario menor o igual al salario con el que cuenta cada trabajador. Se compone por una contribución del gobierno, patrón y trabajador, con el fin de evitar despedidos y cierres de empresas ante la falta de liquidez para pagar la nómina y otros gastos fijos”.
El rol del gobierno es que “si la empresa tiene que cerrar operaciones debido a la contingencia sanitaria, el gobierno pagará una parte del salario del trabajador formal. La proporción dependerá del nivel salarial del trabajador. Es decir, buscamos un apoyo progresivo en el que el gobierno destine más recursos a aquellos trabajadores con menores niveles salariales (uno a tres salarios mínimos). El tope máximo que el gobierno destinará por trabajador es equivalente a tres salarios mínimos”.
El rol de los patrones es que “si la empresa tiene que cerrar operaciones debido a la contingencia sanitaria, el patrón pagará una proporción del salario del trabajador formal. La proporción dependerá del nivel salarial. Se busca que los trabajadores con menores salarios puedan contar con el mismo flujo de recursos con el que cuentan habitualmente”.
Pero resaltó que el patrón deberá de pagar al menos esta proporción, aunque si las condiciones de la empresa se lo permiten (no tuvo cierre de operaciones o se hace trabajo desde casa sin interrumpir operaciones), el patrón seguirá pagando el salario íntegro.
Mientras que el rol del trabajador consiste en que “si la empresa tiene que cerrar operaciones debido a la contingencia sanitaria, el trabajador acordará recibir una proporción menor de su salario. Los trabajadores de uno a tres salarios mínimos seguirán recibiendo su salario de forma íntegra para poder cubrir sus necesidades y las de su familia durante la contingencia”.
Esta propuesta plantea un salario solidario que se compone por un pago por parte del patrón y otro por parte del gobierno que varía para cada grupo de trabajadores asegurados en el IMSS por nivel salarial.
El costo máximo que tendría para el gobierno implementar esta medida durante un mes es 96 millones 844 mil pesos. La aportación del gobierno fue calculada garantizando la progresividad. Ese monto es prácticamente la mitad de la meta de superávit presupuestado para 2020 (186 millones 233 mil pesos estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que corresponden a 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto).
Los beneficios son preservar el empleo, garantizar la supervivencia de empresas generadoras de empleo formal y liquidez para el consumo al conservar, al menos a cierto nivel, el salario de los trabajadores formales.