* Aldo Ruiz, Señalado por Faltas Administrativas, Desvío de Recursos y Usurpación de Profesión
Por Arturo Rodríguez
Aldo Ruiz Sánchez, de Aguascalientes, señalado por faltas administrativas, desvío de recursos y usurpación de profesión (Foto: Archivo/ Página 24)
Ciudad de México (apro).- Creadas en la actual administración, anunciadas como concentradoras de funciones y amplias atribuciones, las Coordinaciones Estatales de Desarrollo –conocidas como “superdelegaciones”– están disminuidas, carecen de facultades y enfrentan ya escándalos de corrupción.
A un año de su designación, al menos 10 de los “superdelegados” tienen procesos abiertos por nepotismo, tráfico de influencias, ejercicio indebido del servicio público, un caso por posible complicidad en robo de alta cuantía y, entre otros delitos, uso político-electoral de los programas de Bienestar que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido reiteradamente a no permitir.
Es esto último lo que ya causó preocupación dentro de la administración de –López Obrador y el lunes 2 los– funcionarios que representan al Gobierno Federal en las entidades federativas fueron citados en el Palacio Nacional. Ahí, el mandatario les recordó que deben evitar inmiscuirse en actividades electorales y partidistas, en particular durante el proceso interno que se desarrolla en Morena, el partido creado por el presidente.
Desde el pasado 30 de octubre la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, acusó a Gabriel García Hernández, el coordinador nacional de los superdelegados y artífice de la figura, quien habría usado padrones, funcionarios y al ejército de gestores conocido como “Servidores de la Nación” para impulsar la candidatura de Bertha Luján (madre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde) a la dirigencia nacional de ese partido.
El contenido de la reunión fue ventilado por el mandatario el martes 3 en su conferencia de prensa matutina. Ese día advirtió a los superdelegados que, si se entrometían en procesos partidistas o electorales, ya ni siquiera pasarían por el proceso administrativo en la Secretaría de la Función Pública (SFP), sino que serían directamente acusados en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Algunos asistentes a la reunión confiaron a Proceso que el tono fue enérgico, pues López Obrador prácticamente les dijo que sería la última vez que les toleraría escándalos; también les dijo que quienes tuvieran procesos pendientes en la SFP debían responder y que de encontrarse alguna responsabilidad serían separados del cargo por faltar a los principios de la administración.
Finalmente, el ultimátum incluyó un respaldo a Gabriel García, quien se quejó de que algunos delegados no lo atienden. Concretamente, el presidente les dijo: “Gabriel me va a informar de quién no está trabajando o anda en la politiquería y yo tomaré medidas”.
Los Escándalos
El pasado 24 de octubre, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer que nueve superdelegados están bajo investigación por el uso indebido de programas sociales, aunque no precisó si se relacionaban con las sanciones impuestas por el INE.
Proceso pudo confirmar que no todos están acusados por proselitismo o intromisiones electorales y que se trata de los siguientes superdelegados:
Aldo Ruiz Sánchez, de Aguascalientes, señalado por faltas administrativas, desvío de recursos y usurpación de profesión. Las denuncias fueron interpuestas por el Comité Estatal de Morena, partido del que hasta hace un año fue dirigente.
Juan Carlos Loera de la Rosa, de Chihuahua, se le investiga por nepotismo, lo mismo que ocurre en la delegación de Jalisco, donde Armando Zazueta –quien sustituyó en la entidad a Carlos Lomelí, quien enfrenta acusaciones por tráfico de influencias– y sus subdelegados regionales fueron sorprendidos empleando a familiares, inclusive consanguíneos (Proceso 224).
En Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos está sujeto a investigación, luego de que el 29 de julio una avioneta que transportaba dinero (oficialmente 800 mil pesos) fue asaltada al aterrizar en una comunidad de Ocosingo. Ahí murió un policía rural, hubo al menos dos heridos y se le indaga al superdelegado por ser uno de los pocos que conocían la ruta para el reparto.
En Colima, la superdelegada Indira Vizcaíno fue denunciada por promoción personal y por encabezar actos partidistas; lo mismo, el proselitismo, se le imputa a José Ramón Gómez Leal, superdelegado en Tamaulipas, así como a Mauricio Hernández, de Guanajuato.
En Puebla, Rodrigo Abdala (sobrino de Manuel Bartlett) enfrenta acusación por desvíos de recursos, lo mismo que a Gabino Morales, de San Luis Potosí (además de enfrentar acusaciones por acoso laboral y sexual); a Jaime Montes Salas, el de Sinaloa (a quien inclusive le han protestado por incumplimientos los “Servidores de la Nación”) y el de Sonora, Jorge Luis Taddei.
Sin embargo, el primer y más conocido caso es el de Jalisco, cuyo primer superdelegado, Carlos Lomelí, es investigado por presunto tráfico de influencias con el fin de obtener contratos para sus empresas en el sector salud.
De acuerdo con las instancias involucradas, consultadas por Proceso, en unos días Lomelí podría quedar absuelto, pues la SFP no encontró irregularidad en su desempeño.