Alejandro Díaz Lozano y Miguel Ángel Romero Deben Explicar su uso
Por Benny Díaz
Contralor David Quezada Mora (Foto: Eddylberto Luévano Santillán)
“Los (ex)titulares de Secretaría de Finanzas (Alejandro Díaz Lozano) y de Obras Públicas (Miguel Ángel Romero Navarro), deben explicar en qué se usaron los 800 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública están reclamando a Aguascalientes, para que se les regrese por no haber comprobado en qué se ejercieron”, dijo en entrevista exclusiva con Página 24 el contralor David Quezada Mora.
Mencionó que aunque por el momento es algo “totalmente administrativo”, sí existe el riesgo de que si no se logra llegar hasta el fondo de esto y demostrar en qué se ejercieron, podrían llegar a presentar una denuncia penal en contra de dichos funcionarios del sexenio lozanista.
Lo que menos conviene a Aguascalientes es llegar a eso, “porque tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Secretaría de la Función Pública quieren que se devuelva en una sola exhibición y esto, claro que ‘pegaría’ muy fuerte a las finanzas de la entidad, porque se tendría que hacer uso de los recursos que se tienen”.
Al preguntarle si se haría de algún impuesto, dijo que “no, no se recurría a lo recaudatorio, pero sí habría que hacer recortes en algunas áreas y claro que repercutiría en algún servicio para la ciudadanía”.
Quezada Mora manifestó que esos 800 mil pesos llegaron directamente a la Secretaría de Finanzas y estaban destinados para obra pública, “incluso están involucrados algunos municipios, pero también para hacer mejoras en los baños, redes sanitarias y teatros Gabilondo Soler del parque Rodolfo Landeros”.
El contralor aseguró que “no es tanto que esos recursos estén ‘perdidos’, pero no fueron detectados debidamente por la Auditoría Superior de la Función Pública y por eso hay todo un proceso de solventación en las unidades auditoras externas. Ya mandamos un pliego de observaciones y sí tenemos el riesgo de que esos recursos sean devueltos, por eso estamos trabajando para que el estado no se vea mermado, porque si no logramos resolver esto en responsabilidades administrativas, siguen las denuncias penales”.
El funcionario reconoció que aunque éste sería el último recurso, “ya se están preparando, pero antes buscaremos citar a estos funcionarios (Alejandro Díaz Lozano y Miguel Ángel Romero Navarro) para que presenten un informe ante esa irregularidad”.
El contralor afirmó que en este dinero no entra los 400 millones de pesos que se utilizaron en la compra de unas computadoras a la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, Campeche y que nunca llegaron a Aguascalientes y por lo que existen carpetas de investigación en contra de Francisco Chávez Rangel.
Tampoco forman parte, esos 800 millones de pesos que los exfuncionarios lozanistas deben explicar en qué se utilizaron, de la investigación que está llevando a cabo la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el sexenio pasado.
Lo que quiere decir que son varias líneas paralelas por las que se están investigando miles de millones de pesos que no se han justificado o que nadie sabe en dónde quedaron o en qué se usaron.
David Quezada Mora reconoció que será la Auditoría Superior de la Federación la que dé seguimiento para determinar si hubo desvío o no en el caso de los 800 millones de pesos, que él está buscando que los exfuncionarios expliquen en qué, cuándo y dónde se aplicaron.
Reiteró que “si persiste alguna falta administrativa da para denuncia penal” y sería él quien la interpondría ante la Fiscalía Anticorrupción en el caso de Aguascalientes y la Federación ante la Fiscalía General de la República.
Al cuestionarle cuándo se sabrá qué procederá, el contralor mencionó que de acuerdo a los tiempos que llevan estos procesos de transparentar los ingresos y recursos que se envían y para qué están destinados, “estamos hablando que esto quedará claro entre abril o mayo del próximo año”.
Se le preguntó que, en caso de tener que regresar ese dinero a la Federación, en qué rubro se vería afectada la ciudadanía, a lo que respondió que lo desconoce, porque se tendría que analizar, pero es como una cadena, ya que por ejemplo, mucho de lo que se recauda en la Secretaría de Finanzas es para que funcione el C5, entonces se afectaría tal vez en seguridad.