“Juez Roba a 6 Accionistas de la Empresa Sello Rojo”

Emitió Medidas Cautelares Ilegales, Acusa el Abogado de las Víctimas

La empresa está en manos de Abraham González Uyeda y sus familiares; este personaje fue subsecretario de Gobierno de la Segob en la era Calderón

Por Gloria Reza M.

De forma inusual, en dos días –cuando es un proceso que toma semanas– el juez Séptimo de lo Mercantil concedió el 25 de junio pasado medidas cautelares, y al día siguiente se ejecutó su decisión de desaparecer el consejo de administración, despojar a los accionistas de sus derechos, prohibirles acceso a las instalaciones y tener contacto con sus empleados, y se designó a Rubén Masayi como administrador único/Foto: Especial

De forma inusual, en dos días –cuando es un proceso que toma semanas– el juez Séptimo de lo Mercantil concedió el 25 de junio pasado medidas cautelares, y al día siguiente se ejecutó su decisión de desaparecer el consejo de administración, despojar a los accionistas de sus derechos, prohibirles acceso a las instalaciones y tener contacto con sus empleados, y se designó a Rubén Masayi como administrador único/Foto: Especial

Zapopan, Jal. (apro).- Seis accionistas mayoritarios fueron despojados del control de la empresa lechera Sello Rojo por las fiscalías federal y estatal, con la presunta connivencia del juez séptimo de lo mercantil, según denunció la defensa legal de los afectados, Patricio Fernández Cortina.

A decir del litigante, el juez Juan Pablo González Magaña emitió “medidas cautelares ilegales” a favor de Rubén Masayi González Uyeda, actual presidente del Consejo Coordinador de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), y de su hermana Hilda Hiroko.

Un hermano de éstos, Abraham González Uyeda, quien fue subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Felipe Calderón, fue nombrado el pasado 1 de julio director general de la empresa, a pesar de que las medidas cautelares también lo afectan al formar parte del anterior consejo de administración.

Por esos hechos, el jurista Patricio Fernández presentó una queja en contra del juez Juan Pablo González ante el Consejo de la Judicatura del Estado (CJE).

El litigante también recordó que el presidente del CJE, y a la vez presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro, se comprometió a que todos los jueces debían rendir un informe sobre todas las medidas cautelares que les solicitaran ante el Consejo.

“Lo que quiere decir que, el Juez Séptimo de lo Mercantil no dio ese informe, o peor aún, que sí lo rindió, y el Consejo de la Judicatura lo toleró”, apuntó Fernández.

Detalló que de forma inusual, en dos días –cuando es un proceso que toma semanas– el juez Séptimo de lo Mercantil concedió el 25 de junio pasado medidas cautelares, y al día siguiente se ejecutó su decisión de desaparecer el consejo de administración, despojar a los accionistas de sus derechos, prohibirles acceso a las instalaciones y tener contacto con sus empleados, y se designó a Rubén Masayi como administrador único, hasta que “no se resuelva judicialmente lo contrario”.

Un dato más es que el juez le fijó una fianza a Rubén Masayi de un millón de pesos para concederle las medidas cautelares, mientras que a los despojados les pidió una contrafianza de 400 millones de pesos.

Fiscalías entran al conflicto

El 29 de junio, con apoyo de elementos de la Fiscalía del estado, se realizó un operativo para tomar las instalaciones de la empresa, ante la presencia de Abraham, Rubén y de su abogado Virgilio Rincón Salas. Éste último estuvo acusado de un presunto intento de homicidio contra el hijo del empresario Javier Rodríguez, dueño de la cadena de casinos Big Bola, y de fraude.

En el operativo se utilizaron armas largas, y se llevaron preso al comisario de la sociedad quien tenía más de 30 años en ese cargo. Fue acusado de presunto robo de vehículo utilitario.

El 4 de julio, Rubén Masayi presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República –carpeta de investigación FED/JAL/GDL/0003085/2019– para solicitar medidas de protección en contra de sus hermanos, Alfredo Shigueru, Roberto Eiji, Aida Araceli Tomi, Sergio Akira, y sus tíos, Josefina Rodríguez y José Luis González.

Ese mismo día, hecho inusitado, el ministerio público federal de la Agencia XI de la Unidad de Atención y Determinación Guadalajara, Fernando Navarro Guillén le otorgó las medidas de protección, con el fin de que el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en Jalisco “se abstengan de emitir mandamiento alguno que tienda a entorpecer y obstaculizar la investigación o contravenir las medidas de protección, y en caso de que en algún momento emita algún mandamiento” relacionado con la empresa, “lo haga de conocimiento a esta Fiscalía de la Federación de manera inmediata”.

Disminuyen utilidades

El representante legal de los afectados también advirtió que otros empresarios corren el riesgo de padecer actos similares de corrupción por parte del Poder Judicial, por lo que hizo un llamado al gobernador Enrique Alfaro a garantizar el Estado de derecho, y a la cúpula empresarial a suscribirse al Pacto por la Integridad y el Buen Ser, en especial a Rubén Masayi.

Tras la muerte del fundador de la empresa, se dividieron las acciones en partes iguales entre sus siete hijos, correspondiéndole a cada uno el 12.9%, el resto quedó para dos tíos de ellos.

En 2015, Abraham González se convirtió en director de Sello Rojo, a partir de ese año, las utilidades disminuyeron hasta un 70%. El 24 de noviembre de 2018, se realizó una asamblea donde se pretendía contratar un crédito bancario con condiciones inaceptables, por lo que el consejo se percató de algunas anomalías, presuntamente cometidas por Abraham.

El 5 de julio, se revocaron los poderes los accionistas afectados, se nombró a Rubén Masayi como administrador general único, y se ratificó a Abraham como director.

Sello Rojo es proveedora del 8% de la industria nacional lechera, cuenta con más de 5 mil trabajadores, y genera de forma indirecta 3 mil empleos.

Publicado en: Página 24

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