“Deben Regresar lo que se Llevaron y Pagar con Cárcel”
Por Benny Díaz
Guillermo Alaniz de León, diputado local (Foto: Archivo)
“No hacen falta leyes más severas, las que hay están bien para sancionar a quienes desvíen recursos o se enriquezcan ilícitamente, porque están hechas a nivel federal y luego se homologan a nivel local. Estas personas deben resarcir el daño regresando lo que se llevaron y también con una sanción corporal, pagar con cárcel”, dijo en entrevista exclusiva con Página 24, el diputado Guillermo Alaniz de León.
Lo anterior se debe a la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera que pesa sobre el sexenio de Carlos Lozano de la Torre y de algunos de sus colaboradores que triangularon recursos.
El diputado negó que haya omisión en el Poder Judicial a nivel local, por no haber actuado en su momento, en contra de Francisco Chávez Rangel; sobre quien hay una denuncia interpuesta en la Fiscalía.
“Desafortunadamente estamos en un sistema garantista y siempre debe existir la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. El indicio de toda investigación debe ser exhaustivo para deslindar responsabilidades. En este caso en específico, debemos de estar pendientes del curso que siga la UIF para ver en qué termina”.
Por eso, desde su perspectiva, no hay omisión de parte de las autoridades locales: “Hay que preguntarle al fiscal anticorrupción cómo está actuando respecto a todas las carpetas que tiene, y ver si tiene indicios de malversación de fondos”.
El diputado asegura que a partir de que se interpone la denuncia, se debe integrar la carpeta y luego comenzar con las investigaciones; las cuales deben ser muy precisas para poder llevar el caso hasta un juez, y sólo cuando haya todas las pruebas “se tiene que buscar a la persona que esté señalada como responsable”.
Alaniz de León asegura que sólo hasta que un juzgador determine si son responsables de estos delitos, es cuando se debe afirmar. Mientras tanto, aunque haya muchas voces que lo señalen, si legalmente no hay tal sentencia, “todas las personas tienen el derecho de apegarse a la presunción de inocencia”.
Con esto no quiere decir ‒dijo‒ que se esté siendo omiso. Sencillamente se lleva un cauce legal y las autoridades deben apegarse a todo esto para no caer en la violación de ningún derecho y sólo actuar en contra de las personas que desvíen los recursos “de los ciudadanos, que es a quien corresponde” cuando se tengan las pruebas para hacerlo; mientras esto no ocurra, no se puede señalar o culpar a nadie.