“No Tenemos Elementos Para Decir que fue un Asunto Político”
Por Gabriel Soriano
Manuel Alejandro Monreal Dávila, regidor del Ayuntamiento de Aguascalientes (Foto: Archivo)
Durante este mes, tanto la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes (SSPM), como la Coordinación de Protección Civil Municipal, sufrieron diversas bajas de índole administrativa, ya que hicieron una depuración de aquellos elementos que desempeñaban mal su labor o que tenían acumuladas muchas quejas en su contra.
Sin embargo, las bajas más sonadas fueron, precisamente, las de los elementos de la Policía Municipal, pues se especulaba que eran cientos los dados de baja, e inclusive, siete de ellos presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHA).
En total fueron 19 los elementos dados de baja, a través de la Secretaría del Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno y se prevé que este número ya no crezca.
“Estas 19 bajas no se derivan de algún procedimiento de la Comisión de Honor y Justicia o la Comisión de Servicio Profesional de Carrera, fue una decisión de administración. Se buscó que se dieran de baja aquellos elementos que, dentro del esquema policial, no tenían las mejores referencias”, comentó el regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Obras Públicas del Ayuntamiento de Aguascalientes, Manuel Alejandro Monreal Dávila.
Respecto a la demanda que presentaron los siete elementos ante la CEDHA, afirmó que hasta el momento, la Comisión no ha emitido una recomendación.
‒Se habló mucho de que estos elementos fueron dados de baja por cuestiones políticas, ¿qué nos puedes decir al respecto?‒ se le cuestionó.
“Así como nosotros no tuvimos nada que ver, porque no fue decisión de alguna de las Comisiones que yo integro, tampoco tenemos elementos para decir que fue un asunto político”, respondió Monreal Dávila.
Por otra parte, afirmó que ambas Comisiones, en las que participa el regidor panista, evalúan constantemente a los elementos policiacos, siguiendo el proceso debido, es decir, la notificación del elemento que se encuentra en un proceso de evaluación, en donde se le da un derecho de audiencia.
En ese sentido, las sanciones de los elementos pueden ir desde una suspensión de 15 días a tres meses, una amonestación pública o privada o una baja definitiva de la corporación policiaca.