“Debe Haber Traductores que les Informen sus Derechos”
Por Benny Díaz
Diputada Patricia García García (Foto: Archivo)
En los grupos vulnerables se da con mayor facilidad la discriminación. En este caso “hace falta reformar y adicionar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, porque las personas con discapacidad auditiva no son debidamente asesoradas sobre sus derechos cuando tienen un conflicto, porque no cuentan con personal que funja como traductor para que les brinde la información que requieren”.
Así lo expuso la diputada Patricia García García, al presentar una iniciativa de ley para que “el acceso a la justicia sea un derecho básico de todas las personas, incluidas aquellas que no pueden expresar lo que a sus intereses convenga”.
Manifestó que sin ella, este grupo de ciudadanos es vulnerado en su derecho y “el Estado debe tomar las medidas necesarias para que la aplicación de la ley sea eficaz para todos”.
Por eso, insistió en que “dicha asesoría jurídica debe proporcionar las herramientas de consulta para la mejor defensoría de los ciudadanos con estas características”.
Las dependencias más representativas de la Fiscalía General, donde debe haber estos traductores, son el Centro de Justicia Para Mujeres y la Defensoría Pública del Estado, “mismas que deben contar con el personal y capital humano que se requiere para el acceso a la justicia, sin importar las condiciones y características del individuo, incluidas las de tener alguna discapacidad; en este caso la auditiva”.
La legisladora dio a conocer que los datos estadísticos muestran que el 12.1 por ciento de los mexicanos tiene discapacidad auditiva; mientras que en Aguascalientes, la incidencia es del 13.3 por ciento, lo que nos coloca en el tercer lugar de discapacidades que registra la población.
“De ahí la importancia de contar con expertos en términos jurídicos que sepan el lenguaje de señas para que funjan como traductores y hagan de su conocimiento, a estas personas, los derechos y garantías que tienen ante un proceso legal”.
Por eso, el proyecto es que en el artículo 63, en sus fracciones cuarta y quinta, ésta recorriéndose a la sexta, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, se especifique que sí se dispone de traductores o intérpretes con conocimiento de Derecho, que auxilien a las personas con discapacidad auditiva.
Además de que se adicione el párrafo 30 de la asesoría jurídica del estado, en su fracción tercera, en donde también se cuente con traductores e intérpretes del mismo tipo.