Las Pérdidas Ascienden a 225 mil Pesos Mensuales
Por Gabriel Soriano
Juan Pedro Muñoz Ortega, director de CAPAS en Jesús María (Foto: Archivo)
En el municipio de Jesús María, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS) busca regularizar a hogares que usan el servicio de agua potable de manera clandestina. Esto fue provocado principalmente por las constructoras de viviendas, quienes ya entregaban las casas con el servicio de agua, pero sin un contrato formalizado.
“Desde el 2017, cuando tuve la oportunidad de llegar a la Comisión, nos dimos a la tarea de hacer un monitoreo de todas las tomas y nos encontramos muchos casos en los que, por algún motivo, las constructoras nunca les exigían hacer la contratación del servicio a los usuarios”, informó el titular de CAPAS, Juan Pedro Muñoz Ortega.
En dicho sentido, calculó que las tomas clandestinas han tenido alrededor de cuatro o cinco años sin pagar un solo peso por el uso del servicio. Por lo que desde el 2017 se han dado a la tarea de regularizar a estos usuarios y actualmente hay una buena cantidad de usuarios que siguen sin un contrato formalizado.
“Por un lado, estas tomas, en determinado momento, son obras de infraestructura que el mismo desarrollador ya deja instalada. Lo que hemos hecho últimamente es tener pláticas con los promotores de vivienda, de tal manera que al momento de que la entreguen, sea sin servicio para que vengan a hacer su contrato en la Comisión del Agua y así formalizar el servicio”, expuso Muñoz Ortega.
El director de CAPAS calculó que las pérdidas económicas que esto representa para dicha institución rondan los 225 mil pesos mensuales.
Por otra parte, se ha detectado esta toma irregular en las comunidades cercanas a la cabecera municipal de Jesús María, pues para hacer el contrato del servicio de agua, se les solicitaba una escritura pública o cualquier documento que comprobara la tenencia de la tierra. Por ese motivo, principalmente en asentamientos irregulares, las personas no podían dar cumplimiento al requisito.
“Generalmente, en estos asientos humanos irregulares no hay un contrato público de compra venta y todo es a través de un contrato privado. Entonces, ese documento, como no es un documento oficial que compruebe la tenencia de estos usuarios, generalmente se les negaba ese servicio. En lo que va de la administración hemos sido un poco más flexibles en ese sentido y hemos aceptado este tipo de documentos como constancia de propiedad, pues al final del día son usuarios que se van a conectar. Entonces, más vale que estén pagando a que estén sin pagar”, señaló Pedro Muñoz.
En contraste, aseguró que hay más apertura de parte de los ciudadanos para formalizar sus servicios, pues señaló que son más conscientes de lo que implica la aportación para tener agua potable en sus viviendas.