Para Evitar ser Exhibido en la Página de la CNDH
Felipe Muñoz Vázquez se amparó para evitar que el caso fuese ventilado en la página de la CNDH
Abril 21, Ciudad de México.- Involucrado en casos de tortura y abuso sexual en una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la FGR, Felipe Muñoz Vázquez, se amparó para evitar que el caso fuese ventilado en la página del organismo.
La recomendación 17VG/2019 de la CNDH se centró en testimonios de 19 víctimas de vejaciones, tocamientos, trato inhumano, degradante y torturas a manos de Muñoz Vázquez y un grupo de subordinados cuando el funcionario estaba al frente de la Procuraduría de Justicia en la gestión del entonces Gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre.
El documento, que fue enviado al actual Gobierno de Aguascalientes, atribuye a Muñoz Vázquez responsabilidad en casos de vejaciones sexuales y tortura.
Por ley, todas las recomendaciones de la CNDH se deben hacer públicas en su página electrónica. El ahora funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR) es identificado en la recomendación como AR1.
El documento refiere el caso de una víctima identificada como V2, la cual manifestó que fue detenida el 14 de septiembre de 2011 por agentes ministeriales, quienes la llevaron a un cuarto spa, donde fue desnudada, torturada y manoseada.
“Refirió que la última vez que la sacaron, fue la más dolorosa, ya que AR1 le pegó con algo muy fuerte en la cabeza y perdió el conocimiento, despertando al día siguiente en el salón de la guardia; sintió que le dolía mucho el cuerpo y tenía sangre en sus partes íntimas, sin saber qué le hicieron”, señaló.
“Además, la obligaron a firmar una denuncia por violación para incriminar a un comandante de la Policía. Permaneció 43 días en la casa de arraigo, sacándola ocho veces para llevarla a las oficinas de la entonces Procuraduría Estatal”.
La recomendación de la CNDH señala “la responsabilidad en la que incurrieron los servidores públicos AR1, AR2 y demás servidores públicos cuya clave específica se puso en el cuerpo de la presente recomendación, todos ellos por violación al derecho humano a la seguridad jurídica, (…) integridad personal por trato cruel, inhumano o degradante (…); por tortura sexual”.