Por Veneranda Mendoza
Marzo 29, Toluca, Edomex (apro).- La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado de México propuso una iniciativa de ley para penalizar con entre uno y cinco años de prisión a los clientes de prostitución.
La iniciativa, que de ser aprobada deberá ser enviada al Congreso de la Unión, establece también penas de dos a ocho años a los reincidentes, y de diez a 15 años de cárcel cuando la persona prostituida sea menor de edad o se encuentre en situación vulnerable.
Ingrid Shemelensky, promotora de la iniciativa, indicó que el objetivo de su propuesta es acabar con el comercio sexual en el entendido de que “si no hay demanda, no habrá oferta”.
La prostitución, destacó la legisladora, debe ser abolida porque jamás se da en condiciones de libertad; nunca es objeto de un contrato de compra-venta entre personas iguales en derechos y libertades; no vende la actividad o el producto, como en cualquier trabajo, sino el propio cuerpo sin intermediarios, y éste no se puede separar de la personalidad.
El sistema prostitucional, dijo, es un obstáculo para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, y una violación de la dignidad humana, por más que se justifique que siempre ha existido (igual que las guerras, la tortura, la esclavitud infantil o la muerte de miles de personas por hambre), lo que de cualquier manera no lo legitima.
Desde un punto de vista social, económico, cultural, emocional y psicológico, prosiguió, el sistema que organiza la compra y venta del acceso al cuerpo y a la sexualidad de otras personas, afecta a los grupos más vulnerables, siendo un terreno fértil para proxenetas y tratantes.
Lamentó que las leyes mexicanas sancionan a quien se prostituye –cuando la persona puede ser víctima de trata y requiere protección–, pero no penaliza al cliente.
A la fecha, destacó, varios países se han declarado abolicionistas, combatiendo a la prostitución a través de la prohibición del mercado sexual: en Suecia, quien pague para tener relaciones sexuales es un delincuente y enfrenta hasta un año de cárcel; Francia castiga con hasta 3 mil 750 euros a quien pague por sexo.
También penalizan a los clientes Islandia, Canadá, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur e Irlanda del Norte.