“Afectó a 200 Familias Mandando sus Vehículos a la PGR”
Por Benny Díaz
Felipe Hinojo Alonso, presidente de la Unión Campesina Democrática (UCD)
“Durante el sexenio de Carlos Lozano de la Torre los agremiados de la Unión Campesina Democrática (UCD) fuimos extorsionados por las corporaciones policiacas, por conducir vehículos de procedencia extranjera, y éstas se cotizaban entre 25 y 30 mil pesos; mientras que en el caso de los ministeriales era de cinco, seis o 10 mil y de nada servía denunciar porque el entonces procurador, Felipe Muñoz Vázquez, hasta los premiaba porque lo hicieran y a nosotros nos trataban como delincuentes, y cuando se detenía a alguno de los compañeros por un accidente o cualquier otra cosa había tortura psicológica y ponía los coches a disposición de la PGR”, declaró en entrevista exclusiva Felipe Hinojo Alonso.
El líder de la UCD recordó que tuvo que enfrentarse en dos ocasiones con Muñoz Vázquez, “haciéndole plantones con cerca de 200 personas de la organización, y la respuesta era que nos mandaba amenazar con 50 ministeriales fuertemente armados.
En una ocasión tuve que hacer también un fuerte reclamo al alcalde de Cavillo porque en un día los ministeriales detuvieron a 100 compañeros y les pidieron 500 pesos a cada uno, o sea que el día les salió en 50 mil pesos.
El alcalde se quiso lavar las manos y como las cosas ocurrieron en su municipio le dije que hablara con el procurador para que amarrara a sus ‘perros’, pero la verdad es que todos le tenían miedo”.
Hinojo Alonso recuerda esa época de represión, tortura, extorsión y corrupción en la procuraduría, que hoy es la Fiscalía.
“Cualquiera que entraba ahí era tratado con prepotencia y como si fuera delincuente. Había decenas de ministeriales fuertemente armados y salían muchas personas golpeadas, menores de edad en ocasiones y, claro, fue la época de los arraigos”, dijo.
Aseguró que las extorsiones para los que tienen vehículos llamados “chocolate” pararon cuando llegó a la Fiscalía René Urrutia de la Vega, quien se comprometió a investigar todas y cada una de las denuncias realizadas.
“Ahora ya hay un diálogo con las autoridades y si hay cualquier percance vial o accidente en donde nos veamos involucrados se pueden arreglar las cosas pagando los daños, y sí se otorga el perdón en caso de ser nosotros responsables, y si somos víctimas nos entregan el vehículo sin problema”, afirmó.
Sin embargo, siguen las negociaciones con Gobierno del Estado para que se cobre el impuesto justo y se legalicen dichos vehículos, que actualmente son más de siete mil los que circulan en estas condiciones en la región, ya que también se incluyen algunas partes de Zacatecas y de Jalisco.
Las leyes mexicanas prohíben que estos autos puedan ser plaqueados sin problema porque aseguran que son contrabando, cuando no es así porque quienes los traen y que pertenecen a la UCD tienen su factura que acredita la propiedad, además de licencia para manejar.
Lo hacen para, supuestamente, “proteger la industria automotriz mexicana, que no existe tal, porque no se fabrican coches en el país, son empresas trasnacionales las que manufacturan aquí”.
Hinojo Alonso manifestó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto aumentaron considerablemente las tarifas para poder legalizar un vehículo extranjero, ya que “hay algunos que los evalúan en 100 mil pesos, lo que hace imposible que se pague esa cantidad y menos por un auto viejo”.
Por eso es que están en negociaciones con el Gobierno del Estado para que se cobre un impuesto justo, ya que quienes tienen ese tipo de vehículos es porque los requieren para trabajar y no por lujo.
“Nosotros les decimos que somos personas productivas, que pagamos impuestos y que ayudamos a que funcionen tanto los gobiernos municipales como los estatales y el federal; entonces no somos delincuentes y contamos con un padrón en donde tenemos registrados a todos y cada uno de los agremiados con sus datos personales y el modelo, tipo de vehículo y placas de circulación; así que si se ven involucrados en cualquier tipo de accidente son localizables.
También, si cometen una infracción, pues que se las entreguen y la paguen y los dejen seguir trabajando, que verifiquen si son robados y entonces sí procedan, pero de lo contrario que se cobre lo justo de impuesto para que sean legales”, concluyó.