“La Diputada Utilizó un Pañuelo Azul en el Congreso de Estado”
Por Benny Díaz
Roberto Aníbal Valdés Ahumada, contralor del Congreso del Estado, recibe de Eric Monroy Sánchez, del Sistema Estatal Anticorrupción, la denuncia del OVSGA (Foto: Eddylberto Luévano Santillán)
Hasta la oficina del contralor del Congreso del Estado, Roberto Aníbal Valdés Ahumada, llegaron Aquiles Romero González y Eric Monroy Sánchez, del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, para entregar una denuncia presentada por el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA) en contra de la diputada Paloma Amézquita Carreón y el director general de Servicios Parlamentarios, Javier Soto, por rendición de cuentas, imparcialidad y conflicto de intereses.
Esto horas antes de que se vote la iniciativa de modificación a los artículos 2 y 4 de la Constitución de Aguascalientes o, lo que es lo mismo, por el “Derecho a la Vida”.
La denuncia la recibieron en el Sistema Estatal Anticorrupción el pasado viernes y fue presentada por el OVSGA “por violaciones al principio de parlamento abierto en el Congreso del Estado, que debe garantizar el derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas e imparcialidad, y en particular, por el conflicto de intereses de Paloma Amézquita por el uso del pañuelo celeste en el pleno del Congreso y del director general de Servicios Parlamentarios, Javier Soto, quien aparece en plataformas del Frente Nacional por la Familia como activista de la misma y en actos de campaña de Amézquita por la misma causa.
Lo que muestra el conflicto de interés en que han incurrido estos integrantes del Poder Legislativo al no transparentar las acciones de cabildeo que eviten conflicto de intereses y aseguren una conducta ética”, refirió el OVSGA en un previo boletín de prensa.
El contralor recibió la denuncia y selló de recibida, y posteriormente Aquiles Romero González declaró a reporteros: “Anexamos la denuncia completa y acuse de recibo de la misma por el Sistema Estatal Anticorrupción que nos hicieron llegar ciudadanos que representan a asociaciones civiles, por un probable conflicto de interés contra dos personas que no mencionaré porque no es mi competencia pero, como secretario técnico del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, le daremos seguimiento a la investigación que lleve la Contraloría Interna del Congreso, que es la primera instancia”.
Por su parte Eric Monroy Sánchez, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, declaró: “El órgano ciudadano que represento dará el seguimiento debido a la queja. Estaremos puntualmente visitando al contralor pidiendo información sobre cómo va el caso”.
Al cuestionarle sobre las sanciones a las que se podrían hacer acreedores los denunciados, Monroy Sánchez dijo que por conflicto de interés están contempladas en la ley “la inhabilitación, amonestación y destitución”.
El contralor, Roberto Aníbal Valdés Ahumada, por su parte, dijo que sí va a haber justicia y que antes de emitir un juicio sobre las sanciones primero “voy a leer y analizar (la denuncia), la realidad es un tema polémico y una circunstancia delicada. Me voy a comunicar con los promoventes, de ser posible hoy mismo, para escucharlos y realizar la investigación”.
Aseguró que esto nada tiene que ver con el quehacer legislativo y tampoco impactará en nada en lo que se vote en el Pleno del Congreso.
Al cuestionarle que él tiene filiación panista, dijo que eso en nada afectará los resultados si hay alguna sanción, porque hay que hacer el trabajo sin ver si son “del PAN, PRI, Morena, todo eso es independiente al marco de la ley, aquí lo que importa es darle un seguimiento puntual a la denuncia y ver si está substanciada, porque puede existir un delito grave pero, si nunca se substanció ni se hizo el procedimiento correcto, se cae”.
El contralor dijo que dispondrá de un tiempo razonable para tener una resolución y que ésta podrá ser consultada en la página del Congreso, al igual que las ocho amonestaciones que ya se han hecho a trabajadores de la Legislatura pasada, entre ellos algunos panistas, por no haber presentado su declaración patrimonial como marca la ley.