Son Discriminados por Autoridades de la Institución: Andrés Rodríguez
Por Gabriela Jiménez Castañeda
Conferencia de prensa de la Asociación Protege, Centro de Defensa e Investigación en Derechos Humanos (Foto: Eddylberto Luévano Santillán)
Por la clara violación a sus derechos humanos relativos al acceso a la educación y su proyecto de vida; así como la existencia de evidentes actos discriminatorios de las autoridades escolares hacia los jóvenes Paula Mariana García Ventura y Jonathan Alejandro Díaz, la Asociación Protege, Centro de Defensa e Investigación en Derechos Humanos promovió un amparo indirecto a favor de los alumnos del 10º cuatrimestre de la carrera Tecnologías de la Información, a fin de que estos fueran inscritos como alumnos regulares de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes (UT), así lo dieron a conocer los integrantes de la citada asociación.
Sobre el particular, detallaron que esto se derivó luego de que autoridades de la UT de forma irregular impidieron a los jóvenes mencionados su reinscripción, por ello, se procedió de forma jurídica, y el juez quinto de Distrito en el Estado, Guillermo Baltazar, falló a favor de los alumnos, ordenando a las autoridades, tanto de la Universidad Tecnológica como del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), que permitieran a los quejosos su reinscripción al cuatrimestre agosto-diciembre 2018, que fueran incluidos de inmediato en las listas de asistencia y presentaran los exámenes correspondientes, ya que de no hacerlo se les causaría un daño de difícil reparación.
“En Aguascalientes es un caso paradigmático, que nosotros tengamos conocimiento es el primer caso en donde se otorga una suspensión provisional para el efecto positivo de que alumnos que fueron dados de baja de manera irregular o ilegal sean admitidos como alumnos regulares mientras se desahoga el juicio de amparo”, expuso Andrés Rodríguez de Alba, presidente de la Asociación Protege, Centro de Defensa e Investigación en Derechos Humanos.
Sin embargo, pese a la disposición del juez en mención, tras una primera negativa por parte de las autoridades de la UT, el día 2 de octubre éstas finalmente acataron la orden judicial, aunque a partir de entonces Paula Mariana García Ventura y Jonathan Alejandro Díaz aseguran ser víctimas de actos discriminatorios a orden expresa de Luis Adrián Pizaña, coordinador de la carrera, hacia los profesores a fin de no tener tolerancia con los quejosos, indicándoles les realicen evaluaciones inmediatas para perjudicarlos en sus calificaciones, y que dichos exámenes sean fuera del horario de clases.
“Están ejerciendo represalias, actos discriminatorios en contra de los dos alumnos por parte de la Universidad Tecnológica, eso ameritará un análisis y una respuesta de carácter jurídico. La cuestión de derechos humanos no es un asunto de egos, de lucha de poder, aquí hay un derecho superior, el de los jóvenes a su derecho a la educación, y es lo que debe de prevalecer”, refirió Andrés Rodríguez.
Ante esta situación, finalmente, el presidente de la Asociación Protege, Centro de Defensa e Investigación en Derechos Humanos hizo un exhorto directo a Luis Adrián Pizaña, coordinador de la carrera Tecnologías de la Información, “a que suspenda estos actos discriminatorios, porque, insisto, está empeorando la situación jurídica de la Universidad, en cuanto a su mala imagen, y jurídicamente nos da más elementos para iniciar otro tipo de procedimiento más fuerte en contra de ellos”.