“Todavía no se Determina si fue un Tema Accidental o no”
Por Javier Macías Torres

Alejandro Monreal Dávila, regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Cabildo (Foto: Eddylberto Luévano Santillán)
Fue el arma de cargo la que utilizó un policía municipal para herir a su propio yerno al encontrarlo dentro de su domicilio con la autorización de su propia hija, admitió el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Cabildo de la capital del Estado, Alejandro Monreal Dávila.
El tema sale a relucir luego que el regidor Netzahualcóyotl Ventura Anaya señalara que el arma de los elementos debe quedarse bajo el resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública y que los policías tienen prohibido por normatividad sacarla y, en el citado caso, al momento de ocurridos los hechos el elemento policiaco estaba en su día de descanso.
El edil dio a conocer que el caso en particular se persigue de oficio por la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría, quien lleva a cabo la investigación para conocer si el disparo se dio de forma intencional o accidental.
“Entiendo que sí era el arma de cargo, pero todavía no se determina si fue un tema accidental o no, eso, la Dirección de Asuntos Internos es la parte que le llaman sustanciadora”.
Posteriormente el caso se turna a la Comisión de Honor y Justicia, integrada por nueve personas, dos policías, uno elemento de tránsito, dos ciudadanos y tres miembros de la Comisión: Mauricio González, Gustavo Tristán y el propio Alejandro Monreal, y el representante de Asuntos Internos, que son quienes recibirán el dictamen y determinarán el nivel de sanción, que puede llegar hasta la salida del policía de la corporación.
“Recibiremos el dictamen que sustanciaría la Comisión de Asuntos Internos, y en base a ese dictamen que nos presentan, pruebas, elementos, declaraciones, resultados de sus propias investigaciones, nosotros actuamos como el jurado y determinamos el nivel de sanción”.
El debido proceso es largo, señaló el edil, debido a que en la Dirección de Asuntos Internos se lleva desde 10 días hábiles hasta un mes la indagación, luego se da un mes más a la parte acusada para presentar pruebas en su defensa, para posteriormente citar a la Comisión para dar derecho de audiencia al presunto acusado, elevándose así a tres y hasta cuatro meses el tiempo para emitir una resolución en un proceso normal.
“Las sanciones van desde la amonestación privada, es decir, ahí en la Comisión, la amonestación pública, que es ya un documento que emite la propia Comisión, a través del voto, y va hasta la sanción de días de descanso o hasta la destitución”.







