“Se Inhabilitaría de por Vida a Quien Cometa Actos de Corrupción”
Por Gabriela Jiménez Castañeda
Iván Alejandro Sánchez Nájera, legislador local (Foto: Eddylberto Luévano Santillán)
En próximos días será presentada en el Congreso del Estado la iniciativa de ley de Muerte Civil, cuyo fin es el inhabilitar de por vida para ejercer la función pública a todo aquel que se le encuentre en actos de corrupción, adelantó uno de los promoventes, el diputado local Iván Sánchez Nájera.
“Llevamos unos meses trabajándola, formalmente se le conoce como muerte civil, que es básicamente garantizar que personas que hayan sido encontradas y ya sancionadas por actos de corrupción no puedan participar en el servicio público. En la ley de responsabilidad de los servidores públicos se contemplan sanciones en donde por un tiempo se les inhabilita, pero esta ley garantizaría, que es el sentido común me parece, que nadie que haya incurrido en actos de corrupción pueda volver a participar en el servicio público”; asimismo, “las empresas que hayan sido coludidas en irregularidades, sus accionistas no podrán participar en licitaciones públicas”, expuso el diputado por el PRD.
Dijo que la ley se encuentra en revisión, “se tiene ya la propuesta, lo que estamos haciendo es consensuarla con el resto de los diputados para garantizar que cuando se presente, sí vaya a poderse aprobar, que de hecho se acelere, y que en este periodo que termina el 30 de junio pueda ser aprobada, para entregarle a la población verdaderos mecanismos de lucha contra la corrupción”.
De ser aprobada, y al no haber una antecedente como tal de Muerte Civil en otras entidades federativas, Iván Sánchez apuntó que “seríamos el primer estado en lograrla, hay propuestas de llevarla a nivel federal, forma parte de las campañas políticas en este momento, pero cuando nosotros observamos que hay un clima en Aguascalientes idóneo para poderla aprobar, le vamos a ganar al tiempo, y poderle entregarle a la ciudadanía leyes que realmente los beneficien”.
Subrayó que la ley “aplicaría para todos los ciudadanos y para los accionistas o dueños de empresas, a ellos se les impediría la participación en las licitaciones de Gobierno del Estado. Es de obediencia de todos los ciudadanos y de beneficio para todos ellos. De lo que se trata es de cuidar tanto la atención, el erario público, el trato dentro de las instituciones”.
Indicó el perredista que de actos de corrupción “es amplio el catálogo, desde utilizar una ventanilla para condicionar trámites a cambio de favores, cobrar de más servicios públicos, alterar licitaciones, compras, hasta el enriquecimiento ilícito, el peculado, cualquier acto de estos; la ley los describe e imposibilitaría de por vida a una persona continuar en el servicio público.
“En el caso de los moches, si se llegara a presentar esta acción, no sólo de manera penal estarían ambas partes sancionadas, sino, además, una vez que hayan purgado su pena, ya no se les podría volver a incluir en el servicio público; actualmente quien enfrenta un proceso, se le libera en dos años y luego regresar al servicio público”, concluyó Iván Sánchez Nájera.