Ante el Senado de la República
El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, el Senador Miguel Romo
El senador del Partido Revolucionario Institucional, Miguel Romo Medina, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, presentó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El legislador por Aguascalientes señaló que “el dictamen que hoy presentan las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos ante este Honorable Pleno, se construyó sobre dos pilares fundamentales.
“El primero, el interés por generar un marco integral en nuestro orden jurídico nacional, que favorezca el respeto al debido proceso en los procedimientos administrativos sancionadores instaurados contra funcionarios de carrera judicial y de áreas administrativas en el Poder Judicial de la Federación, lo que permite a su vez, una adecuación al sistema nacional anticorrupción.
“El segundo, la preocupación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, externada a través de su presidente, de velar por el desempeño de excelencia de quienes integran tanto la carrera judicial, como quienes auxilian en esa noble tarea y la protección de la dignidad, particularmente la de las mujeres al interior del Poder Judicial de la Federación, reconociendo la trascendencia de tipificar y sancionar conductas ilícitas, como el acoso sexual, en los órganos que lo integran, dada la exigencia constitucional que tiene el Poder Judicial de velar porque todas y todos los servidores cumplan con los principios constitucionales de excelencia y profesionalismo en el desempeño que moldean en el servicio para impartir justicia.
“Así, debe señalarse que la propuesta se inscribe en la necesidad de llevar a cabo un esfuerzo para realizar adecuaciones que permitan al Poder Judicial de la Federación, dada su relevancia como garante del orden constitucional de leyes y piezas indispensables en el equilibrio democrático de los Poderes del Estado, adaptarse de forma idónea respecto de los procedimientos administrativos, sancionadores de los cuales tiene conocimiento e incorporarlos a este sistema nacional de anticorrupción.
“De ahí, nos permitimos reflexionar que tanto en la ley, como en la práctica la reforma debía diseñarse de manera integral, de acuerdo a los principios y parámetros desarrollados por el sistema en los artículos 79 fracción IV, 94 y párrafo cuarto y quinto de la fracción III del artículo 109 de la Constitución federal, y el artículo segundo transitorio de la reforma en materia de anticorrupción.
“Es importante considerar que las dos reformas del 2011 a través de las cuales se produjo un significativo avance constitucional en el reconocimiento de derechos humanos y las garantías para su protección, tienen y deben fortalecer una cultura jurídica que pretende lograr y asegurar máxima eficacia de los derechos humanos, reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México es parte y en esa dinámica se inscribe la presente reforma.
“Dentro de este panorama la reforma considera que los principios inherentes al procedimiento administrativo sancionador que se consagran en esta propuesta, tienen fundamento en el principio de legalidad objetiva y los criterios de nivel constitucional y supranacional, como grupos de ideas pétreas inmodificables por la legislación formal, que dan vida al concierto de los derechos humanos.
“El Senado considera que para garantizar el derecho humano al debido proceso, es esencial reorientar el trazo legal que desde hace muchos años tiene el orden orgánico del Poder Judicial, para que se garantice a los servidores públicos imputados, un enjuiciamiento a la altura del debido proceso democrático y no se permita la impunidad de conductas que atentan contra la administración de la justicia.
“En ese contexto la reforma encuentra anclaje en la intención de separar la facultad de investigación y la facultad de tramitación del proceso administrativo de distintas instancias, lo que es acorde con el nuevo sistema nacional de anticorrupción y toma en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 8 y 9 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
“Con la presente reforma se consolida el camino del respeto al debido proceso en México, preocupación permanente de este Senado de la República.
“Estamos, pues, convencidos que a través de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se establecen mecanismos idóneos y proporcionales que permiten prevenir y desalentar estas conductas negativas que puedan presentarse en el ambiente laboral del Poder Judicial de la Federación, con lo que se beneficia a la administración de la justicia, a la sociedad que exige profesionalismo y que se envía un mensaje enérgico y directo del Estado mexicano en defensa principalmente de las mujeres.
“Desde esa perspectiva, debo enfatizar que en las comisiones dictaminadoras no hemos cesado en los esfuerzos, a partir de la reforma constitucional del 2011 sobre derechos humanos y reconoce que para lograr plena protección de éstos y de todos los mexicanos y para todos los mexicanos, se exige un empeño constante y vehemente de revisión y creación de leyes, que permitan materializar objetiva de estos derechos y el dictamen que sometemos a consideración desde la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos, es una prueba contundente de ello”.