Para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas
Por Gabriela Jiménez Castañeda
Jesús Eduardo Martín Jáuregui, presidente de la CEDHA (Foto: Eddylberto Luévano Santillán)
Exigirán mayor seguridad los titulares de las Comisiones de Derechos Humanos del país a los gobernadores de todas las entidades federativas, luego del asesinato, el pasado 20 de noviembre, de Silvestre de la Toba Camacho, ombudsman de Baja California Sur, adelantó el titular de ese organismo en Aguascalientes, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, quien atribuyó el hecho al crimen organizado.
“Ya había habido una amenaza, no se escuchó por el Gobierno de aquella entidad. En relación con esto, el miércoles tendremos una reunión la federación de organismos públicos de derechos humanos con el pleno de la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores) y con el secretario de gobernación con objeto de tratar el tema de la seguridad, del acatamiento de las recomendaciones y el apoyo que den las autoridades para los ombudsperson”, manifestó el titular de la Comisión de Derechos Humanos en el estado (CEDHA).
En ese sentido, dijo que “la idea es analizar con los gobernadores este y otros temas. La seguridad para los organismos defensores, incluyendo periodistas; el segundo punto será que se respeten las recomendaciones; y el tercero, que los derechos humanos se den en realidad en todos los estados con el apoyo de los Gobiernos estatales”, complementó.
Desproporcionada la Actuación de Policía de Calvillo En otro orden de información, en torno al asunto en donde el pasado 10 de noviembre un elemento de la Policía Municipal de Calvillo mató de tres balazos, con su arma de cargo, a un presunto delincuente, cuando este atracaba un negocio, el titular de la CEDHA dio a conocer: “Nosotros tenemos ya por lo menos los aspectos que tienen que ver con las pruebas periciales, ya están. La persona que falleció nunca disparó, ni había disparado recientemente. La prueba del radizonato dio negativa, no había disparado”.
Lamentablemente –prosiguió–, “los únicos testigos que tenemos son las personas que aparentemente estaban siendo asaltadas, por lo tanto, no creo que estas personas vayan a incriminar al policía”.
Sin embargo, comentó que habría que revisar el hecho de que fueron tres balazos en partes vitales, “lo que por supuesto es una respuesta desproporcionada, y la legítima defensa, y la actuación de la Policía, tiene que ser una actuación proporcional al tipo de fuerza que se estaba ejerciendo”.
El ombudsman señaló que no se cuenta además con elementos “para determinar el tipo de arma que usaba el presunto delincuente”.
Agregó que “tuvieron la oportunidad de armar toda la información que se nos proporcionó. No podemos avanzar más allá”, concluyó Jesús Eduardo Martín Jáuregui.