Sobreseyó un Amparo Contra el Aumento de Transporte Urbano
Por Cristina Zareth Hernández Gutiérrez
Manuel González, presidente de Mopes AC (Foto: Eddylberto Luévano Santillán)
El Movimiento Popular para la Emancipación Social AC (Mopes) acusa al juez José Guadalupe Arias Ortega de ser omiso y lo considera “el Porky de Aguascalientes”, luego de dar a conocer que el juzgador sobreseyó el amparo interpuesto en contra del aumento a las tarifas del transporte público argumentando que los hechos reclamados fueron inexistentes, aun cuando el secretario general de Gobierno, Javier Luévano Núñez, notifica en su informe que lo denunciado por la organización “es cierto”.
En conferencia de prensa, Manuel González, presidente de Mopes, recordó que a finales del año pasado se presentó una demanda de amparo contra el aumento tarifario, exponiendo tres argumentos fundamentales con la finalidad de revertir la medida: el primero, que no se cumplió el procedimiento interno para llevar a cabo el incremento de la tarifa; el segundo, que no se consideró al usuario en la mesa de análisis y negociación previa a la autorización del ajuste; y el tercero, que no se emitió en tiempo la publicación del incremento en el Periódico Oficial del Estado, incurriendo en un cobro ilegal, a su consideración.
Luego de casi seis meses de haber presentado dicho recurso, dio a conocer que el juez sobreseyó el amparo, señalando que el acto es inexistente ya que “las autoridades responsables, gobernador, secretario de Seguridad Pública e Instituto de Educación, todos del Estado de Aguascalientes, al rendir sus informes, negaron la existencia de los actos que les fueron reclamados”.
Manuel González destacó sin embargo que en su informe el secretario de Gobierno, Javier Luévano Núñez, admitió que “es cierto.
El secretario general de Gobierno (de la pasada administración) realizó los actos reclamados por el quejoso consistentes en la discusión, aprobación, expedición, publicación y vigencia del acuerdo administrativo por el que se autoriza el aumento al régimen tarifario en las modalidades de transporte urbano, vehículos de alquiler (taxi) y colectivo foráneo, al estar facultado para ello”.
En ese sentido, Manuel González consideró que no hubo un estudio eficiente y objetivo por parte del juez.
“Teníamos confianza en que dadas las evidencias presentadas ante los jueces, tendríamos un resultado favorable, sin embargo, debo decirles que en Aguascalientes también tenemos jueces Porkys, jueces que por más evidentes que sean los hechos, pues resulta que no los ven y que no los oyen.
Así lo resuelve José Guadalupe Arias Ortega, juez segundo de Distrito del Estado de Aguascalientes, es el Porky de Aguascalientes”, declaró.
Y cuestionó: “Señor juez, ¿acaso son producto de nuestra imaginación los dineros que todos los días pagamos por el transporte?, ¿acaso son producto de nuestra imaginación los miles de descuentos que no se les realizan a los estudiantes?, ¿acaso son también producto de nuestra imaginación los miles de descuentos que no se les realiza a las personas de la tercera edad como quedó el compromiso en el Periódico Oficial del 15 de marzo de 2006?, ¿acaso sigue siendo producto de nuestra imaginación el hecho de que el propio secretario de Gobernación (sic, ‘ Gobierno’) acepta que es cierto que se realizaron eso actos?”.
El presidente de Mopes lamentó que ante dicha resolución se muestre “el nivel de estudio” que hacen los jueces, algo “a lo que todo los días se tiene que enfrentar la ciudadanía que reclama justicia; lo escandaloso del sistema jurídico que permite favorecer a los potentados y a quienes toda la vida han estado al amparo del poder, que en este caso es el sector transportista”.
Por su parte, anunció que dado el resolutivo hacia uno de los dos amparos que interpusieron el año pasado, además de una queja, presentarán también en los próximos días una demanda, ahora ante el Tribunal Colegiado en turno.
“Tenemos que hacer que la justicia fije las responsabilidades como debe de ser: primero, que fije la responsabilidad de la ilegalidad del acto sobre quien fuera secretario de Gobierno en el periodo de Carlos Lozano de la Torre; segundo, que fije responsabilidad sobre los actos de intermediación que a final de cuentas resultan en actos de autoridad por parte de ATUSA; y tercero que en razón de esos actos determine la ilegalidad del incremento a las tarifas.
“No nos vamos a quedar de manos cruzadas porque al final de cuentas esto sólo puede ser resultado de los compadrazgos y del ‘quedabien’ de los jueces con el poder en turno”, manifestó.