“El Ejecutivo Estará Obligado a Destinar Presupuesto Para Atenderlos”
Por Gabriela Jiménez Castañeda
Edith Citlalli Rodríguez González, legisladora local
La diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Relaciones Internacionales e Interinstitucionales del Congreso del Estado, Edith Citlalli Rodríguez González, consideró que revertir el veto del exgobernador Carlos Lozano de la Torre al decreto 432, que contiene la Ley de Protección a los Migrantes y sus Familias para el Estado de Aguascalientes, derivará en que finalmente tal ordenamiento legal, aprobado por la LXI Legislatura en noviembre de 2013, entre en vigor, con lo que se garantizará la aplicación de políticas públicas a favor de los aguascalentenses que han decidido trasladarse a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones económicas.
En ese sentido, la legisladora emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirmó que se pretende que la citada ley sea una realidad al arranque del segundo periodo ordinario de sesiones, a instalarse en mayo próximo.
“Seríamos el onceavo Estado, hay otros 10 Estados en la República que ya la tienen. A nivel federal sí existe una Ley de Protección al Migrante pero que tiene que ver con los aspectos legales, en Aguascalientes es un tema de protección a los derechos humanos de los migrantes y de sus familias. Nos permitirá estar a la altura de la necesidad que hoy en día permea en el tema de los migrantes”, comentó a Pagina 24 la priísta.
De igual manera, Rodríguez González explicó que el Pleno del Legislativo deberá ratificar la decisión de eliminar el veto del Ejecutivo anterior, tomada por la Comisión de Asuntos Migratorios, para lo cual el dictamen sería remitido de nueva cuenta al gobernador Martín Orozco Sandoval, quien decidirá su publicación en el Periódico Oficial del Estado para la entrada en vigor de la ley.
“No veo por qué el Pleno no lo avale. Si fuera así estaríamos señalando a quién y por qué se opone a que Aguascalientes tenga una Ley de Protección al Migrante y sus Familias. El Ejecutivo nos mandó un oficio que dice que mientras esté vetado ellos desconocen el tema, ya no tendrán esos argumentos de que el tema no puede caminar”, refirió.
Señaló que, una vez que la ley esté vigente, el Ejecutivo y los Ayuntamientos estarán obligados a emprender políticas públicas a favor de los migrantes.
“Por primera vez en la historia de Aguascalientes el Poder Ejecutivo se va ver obligado, en diciembre, a tener un presupuesto destinado para los migrantes y sus familias. Es determinación del Poder Ejecutivo, el Legislativo lo analizará y votará, veremos si es o no suficiente. La ley ya prevé todos los planes y proyectos que deban ejercerse para los migrantes en el tema educativo, de salud y económico, pero es el Ejecutivo quien en el Presupuesto de Egresos tendrá que destinar un presupuesto a ejercerse en este rubro. Aprobándose en el Pleno inmediatamente se publica en el Periódico Oficial y adquiere todo el carácter legal y el Poder Ejecutivo y Ayuntamientos están obligados al cumplimiento de la ley”.
La también vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) en la LXIII Legislatura destacó que con la entrada en vigor de esta ley “sería posible no sólo implementar medidas en favor del migrante sino retomar iniciativas como la del exdiputado perredista Marco Arturo Delgado Martín del Campo, quien el año pasado propuso la creación de un Instituto de Atención al Migrante. Se van a hacer modificaciones y reformas a la misma, pero se van a hacer a partir de que ya exista la ley. Eran improcedentes algunas iniciativas que se recibieron para modificar la ley en Aguascalientes cuando ésta estaba congelada, necesitábamos que volviera a tomar todo su carácter legal y ahora sí entrarle al análisis y desmenuzar la ley. Sería una reforma a la ley, hay una iniciativa que pretende crear un instituto, pero mientras no pase por el Pleno el retirar el veto, no podemos crear ningún instituto”.
Finalmente, Citlalli Rodríguez González urgió implementar medidas institucionales en ese sentido, toda vez que en lo que va del año ya suman 370 aguascalentenses repatriados, cifra que si bien no es superior a la de años pasados, el tema es el método de cómo los están deportando, “hoy sí es violatorio a todas luces de los derechos humanos y la integridad”.