Gobernantes y Diputados –así Como sus Familiares– son Acompañados por Senda Seguridad Personal Pagada por el Pueblo
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Urge que en Jalisco se cree una ley para regular el uso de escoltas, pues existe opacidad de las autoridades de Jalisco respecto a cuántos guaruras tienen los funcionarios, además de que otros guardias de seguridad serían trabajadores en funciones de la Fiscalía/Foto: Cortesía
Guadalajara, Jal.- Inhibir el uso indiscriminado de escoltas en el estado, y regular y controlar las actividades que realizan los guardaespaldas es algo necesario, concordaron especialistas en la mesa de trabajo realizada en el Congreso local.
A fin de socializar y pulir aspectos de mencionada propuesta, la cual se manifestó en una iniciativa presentada por el diputado local emecista Augusto Valencia López, fue que se llevó una mesa de análisis con especialistas en seguridad privada, académicos y empresarios.
Concordaron respecto a cómo el uso de escoltas genera desigualdad social, pues con esta práctica se hace una evidente distinción entre funcionarios y ciudadanos en el tema de seguridad. Situación injusta –agregaron–, pues al final es la misma ciudadanía la que termina pagando con sus impuestos la protección personalizada y discrecional de sólo unos cuantos.
“Cientos de servidores públicos de Jalisco se benefician de equipos de protección personal, por ello es urgente establecer un esquema de control y regulación en el uso de escoltas para evitar abusos, arbitrariedades y prepotencia en contra de ciudadanos comunes”, aseveró por su parte Valencia López.
Por su parte, empresarios de seguridad privada explicaron los altos costos que con regularidad cobra un escolta, ya que mensualmente de puro sueldo el monto asciende a entre 25 mil y 35 mil pesos sin contar transporte y demás aspectos como viáticos.
“Cientos de servidores públicos de Jalisco se benefician de equipos de protección personal, por ello es urgente establecer un esquema de control y regulación en el uso de escoltas para evitar abusos, arbitrariedades y prepotencia”, llamó Augusto Valencia/Foto: Francisco Tapia
Esto, sumado a la opacidad por parte de las autoridades estatales respecto al número de escoltas para la protección de funcionarios, hace urgente el que en el estado se cuente con una ley para regular este servicio. Más, cuando se utilizan a elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) –pagados del erario público– para proteger no sólo a funcionarios de primer nivel de manera desmedida, sino a sus familiares y amigos.
“Cómo medir el riesgo de un funcionario, esa sería la pregunta, responder cómo medimos el riesgo para que un servidor público ‘X’ traiga protección, cuántos escoltas, quién define el número para que esté protegido, es ahí la importancia de esos dictámenes técnicos, ese sería el punto de partida”, expuso por su parte Ignacio Salazar Mariscal, experto y ex funcionario en cargos de seguridad.
También agregó que exceptuando Jalisco, en todos los estados del país se contempla en la ley esta figura, pues aquí en el estado se ha manejado mediante un acuerdo emitido por el gobernante en turno.
Al señalar tanto expertos como académicos lo complejo del tema, aunque dentro de la mesa se concordaron con la mayoría de los aspectos de la iniciativa, en los siguientes días se trabajará aún más para generar un dictamen y una mejor propuesta, para antes de presentarlo en futuras sesiones de pleno para su votación.